No fuimos más de cien personas. El lunes 9 de mayo, a las cinco de la tarde, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación nos congregamos en la capital del país para protestar por los recientes asesinatos de los periodistas Luis Enrique Ramírez, Yesenia Mollinedo y Johana García.
A pesar de congregarnos en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, la reunión fue desangelada. Apenas rondaban unas decenas de asistentes. La mitad estaba allí para manifestarse. La otra, para registrar la protesta.
Al vacío lo suplen los nombres: “Aquí está Javier Valdez. Aquí está Miroslava. Yo soy Regina Martínez. Aquí están todas y todos los periodistas que han sido asesinados en el país”, sostiene el reportero Rodolfo Montes desde el micrófono.
El asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez —encontrado sin vida el pasado 5 de mayo, dos días después del Día Mundial de la Libertad de Prensa— motivó a que familiares de periodistas asesinados, la organización Encuentro Nacional de Periodistas y otras agrupaciones convocaran a un mitín y una movilización hacia las oficinas de la Secretaría de Gobernación.
Pero a pocas horas de que comenzara la protesta, otra noticia estalló. Las reporteras Yesenia Mollinedo y Johana García fueron asesinadas en el municipio de Cosoleacaque, ubicado en el estado más peligroso del país más mortífero para la prensa en todo el planeta: Veracruz.
Yessenia Molinedo, fundadora de la agencia El Veraz, ya había sido amenazada previamente por su cobertura de información policiaca. Dos semanas después, la asesinaron en un ataque con armas de fuego junto con Johana García, reportera de su medio.
Con ellas suman 10 periodistas asesinados y asesinadas en lo que va de 2022.
López Arévalo: Ecos de impunidad
Con pancartas en alto, los periodistas exigen un alto a la violencia contra el gremio. Algunos de los asistentes llevan retratos del reportero Luis Enrique Ramírez, del fotorreportero Rubén Espinosa, de Miroslava Breach. Los miembros del Encuentro Nacional de Periodistas destacan en un pronunciamiento: “Con cada agresión se coarta la libertad de expresión y el derecho constitucional a la información”.
Un par de bocinas ayudan a que el mensaje resuene más allá del Ángel. Pero es difícil saber con certeza si las voces no se pierden entre el flujo urbano de Paseo de la Reforma.
Esta organización nació a raíz del clima de violencia contra la prensa en México. Fue justo después de los asesinatos de los periodisatas José Luis Gamboa, en Veracruz, y Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en Tijuana.
Sus exigencias fueron manifestadas en las protestas de aquellos días y también el mitin del 9 de mayo: presentación de informes puntuales y completos de las investigaciones sobre cada asesinato de periodistas, pensiones vitalicias para los familiares de colegas asesinados, mecanismos de protección que sean autónomos y con participación cuidadana, entre otros. Lo conforman tanto periodistas como familiares.
“A mi padre lo asesinaron de noche, con un gatilleo por la espalda en medio de las sombras. Nunca pudieron doblegar su pluma, por eso lo mataron tan cobardemente”, dice en entrevista con Corriente Alterna el hijo de Fredy López Arévalo, director de la revista Jove y exreportero de Notimex, asesinado en San Cristóbal de las Casas el 28 de octubre de 2021.
Freddy Lopez Moreno fue el responsable de abrir el mitin. Dejó claro que los periodistas asesinados no son una estadística, que cada uno tiene un nombre y una historia: Juan Carlos Muñiz, Roberto Toledo, Armando Linares, Norma Sarabia, Fredy López Arévalo…
De acuerdo con López Moreno, el caso de su papá se encuentra estancado porque las autoridades han evadido su responsabilidad: “Quieren, además, darle un carpetazo a base de mentiras en la mañanera”, acusa. Se refiere a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado 17 de febrero, cuando el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, afirmó que los autores intelectuales fueron también los autores materiales: un par de sujetos que sospechosamente aparecieron muertos cuando la Fiscalía General de la República tomó el caso.
“Sé que se puede solucionar el caso de mi padre”, afirma Freddy. “Tengo información con la que se puede vincular a proceso a los responsables. Y lo lograremos. No me importa si será en este sexenio o en el siguiente. Si me hubieran asesinado a mí, mi papá no estaría sentando viendo películas. No descansaría hasta que se hiciera justicia”.
Protegerse entre amigos y compañeros
Rodolfo Montes es miembro del Encuentro Nacional de Periodistas. Ha cubierto crimen organizado y temas de corrupción por más de 15 años. Para él, ejercer este oficio representa pasión, compromiso y responsabilidad; pero también puede significar firmar su sentencia de muerte.
Montes le cuenta a Corriente Alterna que estuvo adherido al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo decidió renunciar hace dos semanas a éste, pues considera que no le dio la suficiente confianza para sentirse seguro. “No confío en el Mecanismo. Sentí que eran negligentes y que es un mecanismo más reactivo que preventivo”, asegura.
Desde entonces, se protege por sus propios medios y con el apoyo de amigos y colegas del Encuentro Nacional de Periodistas, así como de la Fraternidad de Reporteros de México. Dice que “gracias a que he tenido la oportunidad de viajar a distintos puntos del país, cuando salgo a cubrir crimen organizado, siempre puedo contar con con algún amigo, algún compañero, y un lugar seguro donde estar”.
Pero los riesgos siguen presentes, a pesar de los protocolos de seguridad: “No hay varitas mágicas. Nunca sabes cuándo te pueden matar. Mañana cualquiera de nosotros puede morir porque se le antojó al funcionario corrupto al que develamos todas sus tranzas.”
Montes considera que es una colusión entre Estado y crimen organizado lo que asegura la impunidad en los asesinatos de periodistas: “La manera en que dejaron a Luis Enrique Ramírez, embolsado con plástico, es el ejemplo más contundente de que estas acciones son causadas por narcopolíticos”.
El silencio, el ruido y el vacío
Cualquier marcha parece nutrida cuando hay periodistas presentes. Las cámaras de televisión, los fotógrafos, los micrófonos y las grabadoras nunca faltan en las manifestaciones, en los bloqueos carreteros, en el inicio de un plantón.
Cuando se protesta por la violencia contra los periodistas es diferente. No sorprende que haya poca participación. Es fácil ubicar a los participantes; son los mismos que suelen acudir a las convocatorias. Y es común escuchar comentarios sobre la falta de apoyo social.
En su camino hacia la Secretaría de Gobernación, algunos asistentes hacen una pausa. En la Glorieta de las y los desaparecidos —antes Glorieta de la Palma— los periodistas se encuentran con un grupo de madres buscadoras, quienes colocan las fotografías sobre la tierra revuelta.
“Este país se desborda”, dice una de ellas. “Sabemos lo que está pasando con ustedes también”. Otra grita desde el altavoz la consigna: “No están solos”.
Aunque México ocupa la posición número 127 de 180 en la Clasificación de Libertad de Prensa 2022, realizada por la organización Reporteros Sin Fronteras; este mismo informe lo ubica como “el país sin conflicto armado más peligroso para ser periodista”. Y en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, según Artículo 19, 35 colegas han sido asesinados por ejercer el periodismo.
“Si matan periodistas a este nivel, es porque tienen la certeza de que se pueden salir con la suya. Una convicción en que matar periodistas sale gratis”, advierte el reportero y documentalista Témoris Grecko.
Grecko cuestiona el papel cómplice que ha jugado la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), creada en 2010 por el entonces presidente Felipe Calderón. Desde su perspectiva, la Feadle es una “tumba de la memoria”. Donde cada asesinato es sepultado con paletadas de impunidad y se limita, en los casos más afortunados, a procesar a autores materiales; nunca a los intelectuales.
“En todo este tiempo no he dejado de pensar en la facilidad con que matan a un periodista en México”, comparte la periodista Griselda Triana en la manifestación, a cinco días del quinto asesinato luctuoso de su esposo, el periodista Javier Valdez. “Sin duda, lo que más cala es que sigue silenciándose a personas que, a través de sus publicaciones, mostraban que aquí casi todo está mal.”
Existe una regla no escrita dentro del gremio: los periodistas no debemos ser la noticia. Pero la violencia que enfrentan reporteras, comunicadores, trabajadores de los medios –sobre todo en los estados– tiene efectos: que las nuevas generaciones de periodistas asumamos esta labor no sólo con compromiso, sino también con miedo.
Cada que se asesina a un periodista, se silencia una voz colectiva. El peligro crece en ese silencio. La ciudadanía queda vulnerable a ser manipulada por intereses económicos o políticos a los que el periodista era incómodo. La distancia entre periodistas y sociedad es más grande.
Esa distancia sabe a vacío.
Porque a las marchas de periodistas solo acuden periodistas, sus familiares, quizás alguna comisión solidaria. Y, en espera de que la sociedad civil también les arrope, las y los periodistas hacen lo que saben hacer: sacan sus micrófonos y grabadoras o transmite en vivo para redes sociales. Y mientras hacen un enlace con colegas amenazados en los estados, esta vez también enfocan los lentes de sus cámaras hacia sí mismos. Son la nota y después siguen escribiendo.
