Ciudad de México, 3 de septiembre de 2020. A tres años del sismo de magnitud 7.1 que colapsó a Jojutla, el municipio del estado de Morelos más afectado por el movimiento telúrico del 19 de septiembre de 2017, una de cada cinco viviendas dañadas aún espera su reconstrucción o rehabilitación; la red de drenaje necesita cirugía mayor; y la actividad económica local, que apenas comenzaban a restablecerse, cayó nuevamente, pero ahora por la pandemia de COVID-19.
En materia de reconstrucción, admite el regidor municipal Carlos Brito, “hay muchos faltantes”, empezando por cerca de mil 900 viviendas que permanecen con diversos grados de afectación.
Pero el tema de la reconstrucción en Jojutla,
subraya el funcionario, va más allá de la vivienda: se trata de la ciudad en su
conjunto, de invertir en infraestructura educativa, de salud, cultural; en la
arrocera, el Palacio del Ayuntamiento, el drenaje, la redes de abasto de agua.
En todas esas necesidades urbanas hay avances, pero subsisten los rezagos.
Viaje a la zona cero
La mañana del 19 de septiembre de 2017, Elvira
Castro Adriano impartía clase en la Universidad del Valle de México campus
Cuernavaca, ubicado a 30 minutos de Jojutla, cuando sonó la alerta sísmica.
“Todos nos asustamos”, dice Elvira. Los
universitarios veían caer paredes de plafón, pensaban que colapsaría el
edificio; pero éste, sin embargo, resistió.
Elvira regresó inmediatamente a Jojutla
manejando por carretera; avanzaba a vuelta de rueda, entre ambulancias, autos
particulares y, al acercarse a la cabecera municipal, también entre gente que
caminaba polveada de blanco, como si le hubieran echado talco, sin zapatos,
llevando en brazos documentos y mascotas.
Al llegar a su casa junto al río Apatlaco, desde el
patio la vio llena de luz. “Se cayeron las paredes”, narra, por eso se
veía tan iluminada.
Buscó sus documentos importantes. Los guardó en la
cajuela y salió corriendo a buscar a sus familiares, pero al llegar al puente
se percató de que estaba destruido. Vio regadas por el suelo las piedras de Los
Arcos, uno de los sitios que dan identidad a la ciudad, y casas destruidas en
todo el camino.
Un primo la encontró, la vio llorando y le dijo que
los tíos que le preocupaban estaban bien, excepto una tía que había muerto. Las
casas de sus familiares se cayeron.
“Era impresionante, los lugares importantes para
nosotros: el Cine Robles, la Alameda… ya no existen esos lugares. Todo es
nuevo.”
Según estimaciones oficiales, el sismo de 2017 dejó al menos 2 mil 700 viviendas derruidas o en alto riesgo de colapso, además de miles de casas con daños regulares o menores, y toda la infraestructura pública siniestrada: calles, banquetas, tuberías, drenajes…
Durante meses no hubo energía eléctrica en Jojutla,
recuerda Elvira. El Centro estuvo más de un año sin luz y no tenían internet ni
agua. Por la noche nadie caminaba en esa zona y la gente dormía en sus patios,
no sólo por temor a que un nuevo sismo terminara de derrumbar sus viviendas
sino, también, para evitar saqueos.
El Ejército y la Marina patrullaban por las noches.
El gobierno municipal parecía desaparecido. Elvira experimentó una sensación de
orfandad, y para sobreponerse a ella se dedicó a gestionar ayuda entre amigos y
a distribuir víveres entre sus vecinos damnificados, como ella, muchos de los
cuales pasaron más de un año viviendo en casas de campaña.
–Todo mi estrés y miedo los canalicé recibiendo
ayuda y yéndola a entregar a los pueblos, a las rancherías y aquí en Jojutla.
Algunos puentes se cayeron, había poblaciones aisladas, a donde se tuvo que
llevar agua y comida. Por grupos de WhatssApp se avisaba cuando llegaba un
tráiler con agua o víveres y quienes tenían auto o motocicleta se organizaban
para repartirlos.
Reconstrucción a ciegas
Aunque para la reconstrucción de Jojutla concurrió
financiamiento público federal, estatal y privado, la autoridad municipal en
funciones en 2017 realizó el reparto de estos recursos de forma discrecional y
opaca, explica Carlos Brito, regidor independiente del ayuntamiento desde
2018.
Los daños se clasificaban como daño “parcial” o
“total”, explica, pero ese diagnóstico era insuficiente para decidir cuánto
dinero necesitaba cada afectado. El gobierno federal no exigió que las
reconstrucciones de vivienda tuvieran asesoría técnica y hubo insuficiencia de
recursos; todo esto contribuyó a un proceso de reconstrucción incompleto y
defectuoso.
De hecho, el primer diagnóstico del nuevo gobierno
municipal, afirma Brito, fue “que no había datos claros. Detrás del rótulo
‘acción de vivienda’ podía estar desde una reparación menor, hasta una
demolición”, por lo cual, el avance en la reconstrucción no puede calcularse.
Otro problema, añade, es que los daños de muchas
viviendas fueron mayores a los inscritos durante las revisiones técnicas, o
fueron detectados por sus moradores después del primer censo de
damnificados.
A partir de 2019, explica Brito, ya con una nueva administración federal, la del presidente Andrés Manuel López Obrador, las acciones de reconstrucción fueron reforzadas, pero persiste la incertidumbre sobre la entrega puntual de los recursos, por lo que muchas familias debieron endeudarse para poder reconstruir sus viviendas.
A ojo de buen cubero
Para Elvira fue abrumador gestionar la
reconstrucción de su vivienda. El proceso comenzó cuando empleados del gobierno
federal fueron a revisar su casa, a la que no entraron.
“Desde el patio vieron la casa y dijeron: se va a
caer”, cuenta Elvira. Luego, pintaron en su fachada un círculo rojo, lo que
indicaba dos cosas: que la casa tenía que demolerse y que nadie podía entrar,
ni siquiera para recuperar pertenencias.
Tras el sismo, detalla Elvira, el río cercano fue
desazolvado, lo que provocó que sus márgenes se ampliaran y acercaran un poco
más a su vivienda, por lo que empleados federales declararon que la casa debía
ser reubicada, porque había quedado dentro de la “zona federal”.
La casa se salvó porque los vecinos cercanos al río
se opusieron en bloque a la reubicación y, también, porque el papá de Elvira,
ingeniero civil, rechazó enérgicamente la demolición tras analizar a detalle
los daños a su estructura, a diferencia de la “revisión” de los empleados del
gobierno federal.
Los vecinos “quedábamos con la impresión de que las
revisiones eran a ojo de buen cubero”, recuerda Elvira.
Para indicar los daños de cada vivienda, los
empleados del gobierno federal usaban tres colores distintivos: rojo para
demolición, amarillo para reparaciones y verde para casas sin peligro. Algunos
vecinos cambiaron el color rojo de sus viviendas y lo pintaron de amarillo para
evitar la demolición de sus viviendas, porque los 120 mil pesos que se
entregaban a damnificados no alcanzaban para construirlas desde sus cimientos.
Construyendo burocracia
En noviembre de 2019, Yolanda Tello Mondragón, representante de la Comisión Nacional de Vivienda del gobierno federal en Morelos, informó que la distribución de los recursos para los damnificados se realizaría a través del Banco Azteca, y se estableció como condición para la entrega de estos fondos que un asesor técnico realizara el diseño estructural de las casas.
“La exigencia de un asesor técnico ha sido un
problema –explica Geovani Romero, director de Reconstrucción del Ayuntamiento
de Jojutla—. El pago del asesor es del 7% de lo asignado al beneficiario. Lo
cobra al final de la reconstrucción y su trabajo incluye diagnosticar y
presupuestar las reparaciones, además de operar los trámites. Lo cual implica
trabajar con los beneficiarios, hacer la contabilidad y tratar con diversos
organismos de gobierno. Ante este intenso trabajo y lo poco atractivo de la
ganancia, hay pocos profesionales dispuestos a dar la asesoría técnica.”
A juicio de Romero, a ese problema se suma el que
la Secretaría de Hacienda federal y el Banco del Bienestar no siempre entregan
a tiempo los recursos, por lo que algunos asesores han dejado de
trabajar.
Debido a esta falta de asesoría hay familias que se
han endeudado indebidamente y otras que gastaron los recursos en obras
inadecuadas.
A pesar de ello, dice Romero en entrevista para Corriente
Alterna, el avance en la reconstrucción en vivienda es de 80% y se espera
terminar el 20% restante con recursos del gobierno federal y de la institución
privada Fundación Hogares.
Aunque esto no será en el corto plazo, pues las
medidas para enfrentar la la pandemia de COVID-19 han obstaculizado el trabajo
entre asesores técnicos y damnificados.
Según los reportes de la Dirección General de
Epidemiología del gobierno federal, en el municipio de Jojutla se han contagiado
de COVID-19 al menos 208 personas, y 47 de ellas han fallecido, y miles más han
visto mermar su ingreso por el desplome de las actividades económicas.
Por causa de la pandemia y de la crisis económica
provocada por ésta, añade el regidor Brito añade, subsisten pendientes de
atención urgente, como la reparación de la red de drenaje municipal, cuyos
daños mantienen en riesgo sanitario a los más de 57 mil habitantes de esta
localidad, y para lo cual no hay presupuesto.
Debido a la crisis económica por la que atraviesa
México a raíz de la pandemia, “los recursos han disminuido –dice Brito–, hubo
una caída del presupuesto en abril, mayo y junio, y recortes a las
participaciones de los municipios en todos los rubros, lo cual afectó
gravemente las finanzas locales.”
Aun así, concluye, un aspecto positivo puede distinguirse entre los problemas acumulados: que entre la población de Jojutla “el valor de lo preventivo se va entendiendo. Nos sirve mucho decir ‘acuérdense del sismo’. No hay que dejar de recordarlo. La prevención no es costosa, es una inversión”.
