Olimpia Montoya ha demandado a la Fiscalía General de la República para que se ponga en marcha el Banco Nacional de Datos Forenses. Lleva más de cinco años buscando a su hermano Marco Antonio, quien desapareció en el municipio de Celaya, Guanajuato. Buscar a un desaparecido implica encontrarse con familiares de otras personas desaparecidas y salir al monte o a los terrenos baldíos a buscar fosas clandestinas.
–Son jornadas de siete u ocho horas –dice–. Cuando encontramos un “punto positivo” empezamos a escarbar para darnos cuenta si hay alguien. Después hablamos a las autoridades para que ellas puedan exhumar [los restos] y se los lleven a un Semefo y comience el proceso de identificación.
Pero el proceso para extraer una prueba genética puede tardar hasta tres meses y otro tanto en “subirla” al sistema. Las autoridades están cada día más rebasadas. Lo mismo las forenses que las de procuración de justicia. Tan sólo en Guanajuato existe un total de 2,241 personas reportadas como desaparecidas desde el 1° de enero de 2015 hasta finales de agosto del presente año. Y Guanajuato, por otra parte, no comparte su base de datos forense con las fuentes federales del Centro Nacional de Búsqueda.
Por estas razones, el 31 de diciembre de 2021 el Juzgado Séptimo de Distrito Décimo Primero en materia administrativa, en la Ciudad de México, admitió la demanda de amparo promovida por Olimpia contra la Fiscalía General de la República (FGR). El amparo demanda a la institución por omisión, ya que ésta ha demorado en crear el Banco Nacional de Datos Forenses.
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El amparo fue promovido también por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y señala como responsables al fiscal Alejandro Gertz Manero y a los titulares de las fiscalías especializadas de la FGR. A ocho meses de distancia no hay una resolución al respecto.
–El retraso es tan largo que, apenas el año pasado, se le tomó el perfil genético a mis padres, después de cinco años –se queja Olimpia–. La información genética de Guanajuato no está reforzada con la información de todos los municipios y todos los estados. Cuando las autoridades hacen un cotejo para ver si hay una genética, no se está haciendo con todos los estados de la República.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fue aprobada la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Fue publicada en el 2017. En su artículo 4° ordena a la Fiscalía General de la República crear un Banco Nacional de Datos Forenses que concentre la información forense de todo el país, incluida la genética, para identificar a personas desaparecidas localizadas sin vida.
“Se encargaba de reparar lo que se descomponía”
La creación del Banco debía ocurrir, a más tardar, en enero de 2019.
–Estamos a más de tres años y medio, [de cumplido el plazo] –agrega César Contreras, abogado del Centro Prodh–. En una crisis humanitaria que es una desgracia.
El Banco no es un espacio físico. Se trata, en cambio, de una herramienta tecnológica capaz de almacenar “datos de cuerpos y familiares de personas desaparecidas con el fin de que, con el cruce de información, sea posible hacer identificaciones”, explica César.
“Es mucho trabajo de las familias estar detrás de los ministerios públicos para que cumplan los protocolos”, dice Olimpia Montoya, y a continuación enumera de las acciones que, rara vez, siguen las autoridades si no son presionadas por las familias: desde hacer la geolocalización de los equipos electrónicos de la víctima, generar una “sábana de llamadas” con la compañía telefónica y aplicar un cuestionario exhaustivo a los familiares para intentar ubicar, lo más pronto posible, a la persona desaparecida.
Tanto Olimpia como el Centro Prodh se encuentran en espera de que se resuelva el amparo y que exista una sentencia firme en la que el Poder Judicial ordene a la FGR no sólo crear el Banco Nacional de Datos en el papel sino en los hechos: que, al ponerlo en operación, aumente el número de identificaciones de los restos de aquellas personas que han sido desaparecidas y que sus familias siguen buscando.
–Marco Antonio era el jefe de mantenimiento de una tienda Aurrera –recuerda Olimpia en entrevista para Corriente Alterna–. Se encargaba de reparar todo lo que se descomponía dentro de la tienda.
Olimpia se dedica a la micropigmentación: una rama de la cosmética dedicada, sobre todo, a delinear rasgos faciales con una técnica parecida al tatuaje. Combina su trabajo con la búsqueda de su hermano.
Según consta en el informe presentado en abril pasado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas sobre su visita a México, existen más de 52 mil personas fallecidas que permanecen sin identificar en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense.
El informe destaca la responsabilidad de funcionarios públicos: autoridades que estuvieron directamente involucradas en la desaparición forzada o que, con su inacción o negligencia, aumenta los riesgos o perpetúa la impunidad. La cifra no incluye a los cuerpos aún no localizados ni los miles de fragmentos de restos humanos que las familias y comisiones de búsqueda recogen semanalmente en las fosas clandestinas.
De acuerdo con información obtenida por el Centro Prodh, de estas 52 mil personas no identificadas la Fiscalía cuenta con la información genética de sólo 15 mil cuerpos no identificados.
