En 2010, el joven Jorge Parral fue privado de la libertad por el crimen organizado cuando laboraba en una caseta de cobro carretero, en Tamaulipas. Luego fue asesinado por el Ejército Mexicano en un enfrentamiento con sus secuestradores. Para ocultar el asesinato falsearon los registros sobre su cadáver, y lo hicieron pasar por un supuesto sicario
Son las nueve y media de la mañana en Camargo, Tamaulipas. Es 24 de abril de 2010. A unos kilómetros de Texas, del lado mexicano de la frontera, Jorge Antonio Parral Rabadán, empleado de Caminos y Puentes Federales (Capufe), tiene una mañana como cualquier otra en su puesto de trabajo: la caseta de cobro número 30, cerca del Río Bravo.
Jorge administra esta importante caseta carretera gracias a su impecable trayectoria dentro de Capufe, organismo público descentralizado para el que lleva tres años trabajando. Antes, cuando fue estudiante, su desempeño también fue destacado. Sus estudios de Ciencias de la Comunicación los cursó lejos de Tamaulipas, en la Universidad de las Américas de Puebla, ubicada en San Andrés Cholula, la misma universidad a la que asistieron Burroughs y José Luis Cuevas, la que antes se llamaba “Mexico City College”.
Jorge practica Kung-fu en sus ratos libres
y ahorra para comprar una casa.
Es primavera. El presidente de México es Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional (PAN). La violencia ha aumentado en Tamaulipas. En los primeros cuatro meses del año, en el estado ya se han acumulado 92 asesinatos con arma de fuego, prácticamente igualando la cifra total de casos acumulados el año previo. Todavía faltan ocho meses para que acabe 2010.
Los empleados de la plaza de cobro número
30 trabajan inquietos por este motivo. Saben que laboran en una carretera peligrosa,
por donde fluye la droga hacia el norte y las armas hacia el sur. La familia de
Jorge ha tratado de convencerlo de renunciar, pero él les ha dicho que no se
preocupen.
Como administrador de la plaza, pidió a Capufe
apoyo para garantizar su seguridad y la de sus compañeros. No le hicieron caso.
Son las nueve y media de la mañana en
Camargo, Tamaulipas. Es sábado. 24 de abril de 2010. Luego de una jornada de 24
horas, Jorge descansa en una habitación de la plaza de cobro. Llegan varias
camionetas al lugar. Más de diez. De ellas bajan hombres armados. Preguntan
quién pidió mayor seguridad para las instalaciones federales.
Los desconocidos sacan a Jorge de su
habitación y se lo llevan secuestrado, junto con otro empleado federal.
También se llevan el automóvil de Jorge.
Jorge Parral: Un hijo que no está
Sin noticias de su paradero, desesperados,
familiares de Jorge se organizan para investigar por su cuenta. ¿Por dónde empezar?
Conversaciones, rumores, redes sociales, periódicos, todo parece inútil.
Descubren que dos días después del
secuestro, militares aseguraron un vehículo muy parecido al suyo en un operativo
en Nuevo León, estado con que colinda el municipio Camargo. La primera pista.
Es poca información, pero le permite a
Alicia, la madre de Jorge, indagar más profundamente. Ella continúa
investigando y encuentra más adelante una nota periodística donde se menciona la
muerte de tres personas en un operativo reportado en la misma fecha que fue
asegurado aquel vehículo.
Publicaciones revisadas por Alicia hablan de
un enfrentamiento entre personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
y presuntos integrantes del grupo criminal conocido como Los Zetas, en el que
se rescató a 16 personas secuestradas en un rancho.
Para la familia de Jorge, el lugar
referido por las notas también cuadra: los límites entre Tamaulipas y Nuevo
León.
Invisibles ante las autoridades, de
quienes no obtienen respuesta ni apoyo, las primeras horas sin saber de Jorge
se convierten poco a poco en días, después en semanas y luego en meses. La
familia sigue tocando puertas, preguntando incansablemente.
Cuerpo sin nombre
Transcurren diez meses desde que el
Ejército dijo haberse enfrentado con un grupo de personas armadas en el rancho
El Puerto, en Nuevo León. Ningún cuerpo recuperado después del presunto choque
armado coincide con las características de Jorge.
Los restos de las tres personas no
identificadas que rastrea la familia Parral, sicarios abatidos por el Ejército según
el reporte de Sedena, fueron enviados a la fosa común.
Ante la presión de la familia, las
autoridades acceden a realizar un análisis genético a los restos de los supuestos
sicarios.
Los resultados forenses son concluyentes:
una de las personas sin vida que el Ejército presentó como sicario abatido en
combate es, efectivamente, Jorge. Tiene heridas de bala de alto calibre en
distintas partes del cuerpo. Recibió tres disparos en el rostro. Fue rematado
con otros tres tiros a menos de dos centímetros de distancia.
Durante diez meses, el cuerpo de Jorge
permaneció enterrado en una fosa común. Ahí fue depositado por la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Nuevo León en calidad de desconocido, a pesar
de que los mismos registros del Ministerio Público establecían que portaba
dentro de su ropa su credencial de elector y su identificación de Capufe.
Ocultamiento
Para ocultar el cuerpo de Jorge, la
autoridad ha elaborado un acta de defunción irregular, en la que se modifica la
descripción de sus características físicas para que no coincidan con los datos
de la ficha de búsqueda integrada previamente, cuando Jorge fue raptado. Las
autoridades le añaden diez centímetros de estatura en el registro, y también
cambian los colores y distintivos de la ropa que vestía.
Tras investigar el caso, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comprobó que militares del 46° Batallón
de Infantería ejecutaron a Jorge a corta distancia, en un momento en que no
representaba ninguna amenaza, ya que estaba secuestrado y desarmado. También
comprobó que a Jorge le fue sembrada un arma luego de su asesinato, y que hubo
funcionarios públicos que intencionalmente ocultaron su cuerpo en una fosa
común.
Tal como destaca la recomendación 57/2013 de la CNDH, el Ejército
oficialmente reportó haber rescatado a víctimas que estaban secuestradas
durante ese operativo; sin embargo, esto resultó mentira. la Fiscalía estatal
descartó contar con registro de quiénes fueron las personas rescatadas.
En 2010, cuando Jorge fue secuestrado y ejecutado
extrajudicialmente por militares que cumplían funciones policiacas, los
gobernadores de Tamaulipas y Nuevo León eran los priistas Eugenio Hernández y
Rodrigo Medina, respectivamente. Hernández está preso, acusado de peculado y
operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). Medina estuvo en prisión preventiva por presunto
desvío de recursos públicos y luego fue liberado.
Sin responsables
Este año se cumplió una década desde aquel
sábado 24 de abril de 2010. Diez años, desde esa mañana en Camargo, Tamaulipas.
Hasta la fecha no se han fincado cargos contra ninguno de los funcionarios
públicos responsables, tanto del Ejército como de la Fiscalía de justicia de
Nuevo León.
La abogada Carolina Hernández, quien da acompañamiento legal a la
familia de Jorge, explicó que “en 2017 la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) le dio vista al Estado mexicano, quien respondió que el tema no
se tiene en abandono, sino que la investigación continúa”, dijo en entrevista
para Corriente Alterna.
Fue en 2016 cuando la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos (CMDPDH), organización que acompaña el caso, denunció
junto con familiares de Jorge la falta de voluntad de la entonces llamada Procuraduría
General de la República (PGR), ahora Fiscalía, para garantizarles los derechos
a la justicia y a la verdad.
“En el momento en el que se lleva a cabo el operativo del rancho,
detienen a cuatro personas, es a ellas a quienes se les ha fincado la
responsabilidad del secuestro, sin embargo, de la investigación no podemos
concluir que efectivamente esas cuatro personas fueron las que privaron de la
libertad a Jorge, sino que los encontraron en el lugar y les cargaron la
responsabilidad”, expone Hernández, quien asegura que el Estado mexicano
se ha escudado ante la CIDH: “sobre el tema de homicidio dice (el Estado) que
es un caso muy complejo y no ha logrado todavía un tema de consignar; y por lo
que respecta al secuestro digamos que se curan un poco en salud con esta
sentencia en contra de estas cuatro personas”.
Por su parte, la CNDH, quien ha documentado la responsabilidad de miembros del Ejército Mexicano en el caso, ha emitido dos recomendaciones al respecto, y luego un acuerdo reclasificatorio, para elevar los hechos a la categoría de “graves violaciones a los derechos humanos”, por la ejecución extrajudicial de Jorge a manos del Ejército.
La CNDH emitió su primera recomendación sobre el caso en 2013, dirigida al General Salvador Cienfuegos Zepeda, entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (actualmente retirado) y Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador en aquel momento del estado de Nuevo León. La segunda recomendación fue dirigida en 2016 a Raúl Cervantes Andrade, entonces Procurador General de la República y a Benito Neme Sastré, director de Capufe y compadre del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Hasta la fecha se desconoce el motivo por el que, aún cuando Capufe
tuvo conocimiento del secuestro de Jorge desde el principio, optó por no dar
aviso a sus familiares. Tampoco es claro por qué el organismo decidió denunciar
los ilícitos dos días después, es decir, hasta el día en que Jorge fue
ejecutado por militares.
La lucha interminable
Para Carolina Hernández aún hay aspectos importantes por investigar
y sancionar: “si bien se tiene una recomendación de CNDH hacia Capufe, ahí no
se visibiliza tanto la responsabilidad de haber denunciado hasta el día 26 (de
abril, dos días después del secuestro de Jorge); sabemos que el 26 fue cuando
se llevó a cabo el operativo (del Ejército) y de manera desafortunada la
ejecución. Entonces, durante dos días no hubo ninguna actividad de
investigación sobre Jorge y es una responsabilidad directa de Capufe”.
Continúa Hernández: “La familia también tiene un litigio laboral
con Capufe por el pago de las prestaciones y la indemnización para (…) el
conteo de las prestaciones no se está haciendo de la forma debida”, afirmó.
Actualmente la investigación se divide en dos grandes
averiguaciones previas, la primera en la Fiscalía General de la República de
Nuevo León, por el delito de homicidio; la segunda atiende al tema de secuestro,
ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO).
Las distancias también son una dificultad actual para la lucha de
la familia Parral Rabadán, que reside en el centro-sur del país y paga con sus
propios recursos todo lo relacionado con la investigación.
“En este décimo aniversario creo que hay un desánimo más fuerte
por parte de la familia, pues el papá y la mamá de Jorge ya son personas
adultas mayores y tienen problemas de salud. Incluso, venir a una reunión para
acá a la Ciudad de México implica desgaste, por el traslado. Todo esto ha
impactado”, detalla la abogada.
La constante
La administración actual dio a conocer este 2020 la cifra de
desapariciones más actualizada: 73 mil 218 personas de las que no se sabe nada.
El 97% fue víctima de desaparición forzada de 2006 a la fecha, es decir, desde
la puesta en marcha de la estrategia de militarización de la seguridad pública,
consolidada en esta administración federal con la conformación de la Guardia
Nacional, integrada básicamente por elementos del Ejército y la Marina Armada
de México.
Para la licenciada Hernández, que el mayor número de casos coincida
con esta estrategia oficial, y que prácticamente todos estén impunes, no se
trata de una desafortunada casualidad sino de una constante que obedece a una
lógica de Estado, estructurada meticulosamente.
“Creemos que es una postura institucional, incluso de Estado, el
mantener en impunidad los casos cometidos por el Ejército Mexicano. A partir de
que el Ejército comienza a hacer tareas de policía sube muchísimo el número de
violaciones graves a derechos humanos (…) Entendemos el conflicto de interés
que esto causa al Estado: si se le apuesta a una seguridad militarizada, no es
conveniente dar cabida a señalamientos hacia elementos militares, ¿no?”, concluye
Carolina Hernández.
En contraste, el doctor Javier Oliva Posada, investigador de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y experto en temas de
seguridad y fuerzas armadas, expresó en entrevista que no considera viable que
exista un plan de Estado que coloque al Ejército Mexicano por encima de la ley:
“No, porque en varios casos se han emitido recomendaciones a las Fuerzas Armadas
y a las secretarías correspondientes. En esta administración me parece que
llevan alrededor de seis; lo que se inicia como una queja y en caso de que se
solventen las pruebas correspondientes, se emiten las recomendaciones. No es un
asunto de que los integrantes de las Fuerzas Armadas puedan evadir la ley en el
caso de que se vean involucrados en un acto como este. Yo creo que en ese
sentido no existen esas condiciones”.
Las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, sin embargo, no son vinculantes, es decir, no son de cumplimiento
obligatorio para la autoridad a la que van dirigidas. Además, las investigaciones
de la CNDH, que derivan en recomendaciones, tampoco son equivalentes ni sustituyen
a las indagatorias formales que el Ministerio Público debe realizar ante cualquier
delito penado por ley.
Para Oliva Posada, a diez años de la ejecución de Jorge Parral, los
cambios sexenales han comprometido los resultados esperados en materia de
seguridad: “La diferencia más importante (entre 2010 y el presente) es la
creación de la Guardia Nacional y todo el andamiaje jurídico que consiste en
cuatro leyes secundarias, además de 11 reformas a la Constitución. El
presidente López Obrador, como sus predecesores, ha incurrido en modificaciones
estructurales a los ámbitos de seguridad, defensa e inteligencia; modificar
esto cada sexenio impide darle un proceso de maduración a las instituciones”.
Añadió que México no se encuentra en un mejor escenario en materia de seguridad que cuando salieron las Fuerzas Armadas a las calles: “julio, el mes pasado, ha sido el segundo mes más violento desde que se toman los conteos de delitos de alto impacto, desde 1997. En términos generales, ateniéndonos exclusivamente a los datos estadísticos, diríamos que no ha habido una mejora. Ha habido una contención, pero no una mejora. Es decir, se han estabilizado relativamente los homicidios dolosos, pero en su parte más alta”, concluye.
Según la ONU, México tuvo a finales de 2019 una tasa de 24.8 homicidios por cada 100 mil habitantes, con lo cual ocupa la posición 12 de los países más violentos del mundo.
