El Ejército lo sabía. Que, en Iguala, los autobuses de pasajeros eran usados por los cárteles locales para el trasiego de heroína. Que los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa se organizaban para tomar, al menos, cinco autobuses de pasajeros para trasladarse a la Ciudad de México y participar en la marcha conmemorativa del 2 de Octubre.
Y no sólo lo sabía sino que participaría, junto con efectivos de la Marina, en lo que sucedería después. En el caso de la “desaparición” de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) participaron activamente en la fabricación de evidencia y en la simulación de la posterior investigación emprendida por el gobierno federal en la administración de Enrique Peña Nieto.
El día de ayer, lunes 28 de marzo, en el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó el Tercer Informe del caso Ayotzinapa. No deja dudas: la llamada “verdad histórica”, que en el sexenio de Peña Nieto daba cuenta de lo ocurrido con los estudiantes normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014, es una ficción sostenida con testimonios obtenidos bajo tortura, fabricación de evidencia y el montaje de una escena del crimen.
Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala y quien se ha especializado en llevar ante la justicia a responsables de violaciones masivas de derechos humanos, señaló que el tercer informe del GIEI “se basa, en buena parte, en fuentes documentales a las que se ha tenido acceso a través de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (COVAJ)”. Los documentos más importantes provienen de la misma Sedena y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, hoy CNI), entre otros.
El 12 de noviembre de 2021 el grupo de expertos tuvo acceso a una serie de archivos clasificados como “secretos”. Uno de estos archivos era el nombrado 20141027A.mpg. Se trata un video fechado el día 27 de octubre de 2014, realizado por la aeronave no tripulada de reconocimiento ANX 3501, de la Semar en el municipio de Cocula.
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El video comienza con el sobrevuelo de un dron en el área del Basurero de Cocula, lugar que después sería presentado por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, como el sitio donde los estudiantes fueron cremados y cuyos restos serían lanzados al río San Juan. El video muestra cómo elementos de la Semar manipulan bultos blancos y encienden una fogata en la parte media de la pendiente. Dos horas después, la cámara enfoca a un convoy. Se trata de una caravana que acompaña a Murillo Karam y Zerón (responsable de la investigación). El video ocurre antes de que peritos de la PGR comenzaran a explorar el sitio.
Tercer informe del GIEI: lo que el Ejército no entrega
El rostro de Emiliano Navarrete se descompone. Padre del normalista José Ángel Navarrete, desaparecido la noche el 26 de septiembre, mira los videos que el GIEI presenta por primera vez ante el público.
Hasta el día de hoy no se conocía registro de la presencia de los marinos en la zona ni de la manipulación de la escena del basurero de Cocula. Fueron los padres de los normalistas, junto con el mismo GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense, quienes señalaron la imposibilidad de que en ese lugar se hubieran cremado 43 cuerpos. Por ello, fueron víctimas de una campaña de desprestigio durante los años en que Peña Nieto ocupó la presidencia.
Hoy, la historia les da la razón: la “verdad histórica” era un engaño.
No sólo eso: sus hijos estaban siendo vigilados desde hacía años por los soldados.
“Según se pudo comprobar –se lee en el Tercer Informe del GIEI– dentro de la escuela “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa existían personas que hacían parte activa del Ejército Mexicano que realizaban tareas de información. En el momento de los hechos al menos 3 agentes de inteligencia de Sedena estaban activos en la escuela (…). En algunos de dichos documentos se habla abiertamente de ‘fachada de alumno’”.
Pero eso no es todo. Paz y Paz señaló que se “ocultó información relevante; por ejemplo, que algunos integrantes del 27 Batallón fueron a [la Comisaría de] Barandillas. Y está confirmado que los estudiantes fueron llevados a Barandillas”.
Además, las autoridades militares controlaban las cámaras del C4 (Centro de comando, control, comunicaciones y cómputo), así como los Órganos de Búsqueda de Información, por lo que estuvieron al tanto de todo lo ocurrido, y no sólo durante aquella noche. El Ejército mantenía interceptadas las comunicaciones de los grupos criminales –por lo que sabían, de antemano, que los autobuses de pasajeros eran usados por los cárteles locales para el trasiego de heroína–, lo cual “podría haber guiado la búsqueda de los estudiantes desde el mismo 26 de septiembre de 2014. Esta información nunca fue brindada a las autoridades encargadas de la búsqueda y la investigación y se negó su existencia hasta recientemente”, se lee en el informe.
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Los archivos a los cuales el GIEI tuvo acceso fueron desclasificados gracias a la presión ejercida desde la Presidencia de la República. Sin embargo, a pesar de la orden presidencial, el Ejército continúa reservándose documentos de inteligencia sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día siguiente. “Los hemos pedido reiteradamente, insistiendo en su importancia para el esclarecimientos de los hechos”.
De acuerdo con Paz y Paz existen contradicciones en las declaraciones de los integrantes del Ejército que deben ser aclaradas, así como investigaciones paralelas de las autoridades militares y procesos disciplinarios al interior de las fuerzas armadas que deben ser entregadas.
Ángela Buitrago, exfiscal colombiana y también integrante del GIEI, señaló que hubo un patrón de simulación que comenzó desde el primer momento; es decir, desde que la desaparición de los estudiantes se ejecutó y que se extendió hasta las investigaciones posteriores. En esta simulación participaron autoridades de la Sedena, la Semar, de todas las fuerzas policiacas presentes en el territorio, de la Procuraduría General de la República y otras.
Las autoridades, señala Buitrago, ocultaron, cambiaron información y negaron conocimiento de los hechos. Desde el primer momento generaron y construyeron elementos para hacer creer que no conocían el paradero de los estudiantes, que no conocían sobre la detención y desaparición y que la situación de violencia en Iguala, Guerrero, les era ajena.
Por su parte, Paz y Paz señaló que existen todavía grupos de poder que, en el interior de la actual administración, dificultan y obstaculizan la investigación del caso. Se abstiene de dar nombres, pero señala a la Secretaría de la Defensa Nacional.
El tercer informe del GIEI concluye con una advertencia: 22 personas que tenían información clave sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre han muerto; 20 de ellas, asesinadas. Otras dos están en condición de desaparecidas. Buitrago señala que estos casos ya se están investigando y que aún no se tienen los elementos para afirmar si existe un patrón en estas muertes.
Hilda Hernández Rivera, madre de César Manuel González Hernández, valida la nueva información del GIEI: “Hacemos nuestro este informe de la búsqueda de la verdad”, dice en un susurro.
