Catorce casos de desaparición de mujeres en Guerrero, entre 2012 y 2022, son la muestra que el Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF) analizó para analizar la violencia estructural de género en la entidad, donde también influye el crimen organizado, el contexto social y las omisiones cometidas por las autoridades en las investigaciones.
El informe “Y ese lucero eres tú… Desapariciones de mujeres en el estado de Guerrero y sus nexos con otros crímenes sistémicos”, elaborado por el EMAF y presentado en el Seminario Miradas Interdisciplinarias de la Violencia, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), analiza la conexión entre los feminicidios, la trata de personas (no sólo con fines de explotación sexual) y las desapariciones que sufren las mujeres en esa entidad.
Las desapariciones de mujeres, explicó la antropóloga Diana Bustos Ríos, del EMAF y una de las autoras del informe, no se pueden tratar de la misma manera que las de los hombres, pues el contexto social y la violencia de género, entre otros aspectos, vuelven sus casos más complejos. Las investigaciones judiciales, añadió, deben tomar en cuenta el contexto que antecede al momento de la desaparición.
De los 14 casos estudiados por la EMAF, sólo ocho cuentan con un expediente jurídico total o parcial y únicamente en tres hubo hallazgos de los cuerpos sin vida. El resto continúan desaparecidas. También, de acuerdo al informe, por el contexto y las violencias que vivieron las víctimas, seis de los casos sugieren el delito de trata, pero a ninguno se le dio seguimiento por esa causa.
La negligencia institucional es una constante en el informe. La desaparición de mujeres como Isamar, ocurrida en Acapulco, donde vivía con su pareja, en 2010 (único caso considerado fuera del periodo a estudiar por sus características), es prueba de ello. A pesar de las peticiones de Verónica, hermana de la víctima, para que se investigara a la pareja de Isamar porque era sobrino de un funcionario de Acapulco y además tenía nexos con el crimen organizado, eso no se hizo.
Guerrero: un entramado de violencias y crímenes
“El estado de Guerrero es uno de los más precarios de nuestro país y ha sido de los que, a lo largo de la historia, ha sufrido mayor desaparición forzada”, dijo Diana Bustos.
En la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) realizada por el INEGI en 2024, Guerrero se posicionó como el segundo estado más pobre del país.
Además, en la década estudiada por la EMAF, el 17.55% de las desapariciones registradas en Guerrero fueron de mujeres, principalmente en zonas urbanas: Acapulco, Chilpancingo e Iguala.
Un informe hecho por la Federación Internacional por los Derechos Humanos, en conjunto con otras instituciones, se destaca que las desapariciones de mujeres en el estado están relacionadas a la presencia de los grupos de delincuencia organizada, la impunidad y la ineficacia de las autoridades para atender los casos.
El documento de la Federación afirma que desde el comienzo de la llamada guerra contra el narco, en 2006, y hasta la fecha, Guerrero es considerado como uno de los estados más violentos por la gran presencia de crimen organizado y violación a los derechos humanos.
A esto se suma la falta de infraestructura y servicios públicos en algunas comunidades, lo que impulsó la producción de amapola como uno de los principales medios de sustento según el informe Y ese lucero eres tú…, del EMAF.
En 2018, con la presencia de los cárteles de Jalisco Nueva Generación y el Pacífico-Sinaloa, así como la llegada del fentanilo, la amapola salió del mercado y las desapariciones incrementaron, según el mismo documento.
Esto ocurrió, principalmente, en lo que se conoce como “Pentágono de la Amapola”, que abarca: Ciudad Altamirano, Iguala, Chilpancingo, Acapulco y Zihuatanejo. Esta zona, explica Bustos, es conocida como “punto caliente” por su alta incidencia delictiva y un alto número de homicidios.
La ocupación y disputa constante del territorio por parte de grupos delictivos y hasta militares, dijo la antropóloga, genera que la fuerza, violencia y presencia de armas de fuego sean lo que domine el espacio, generando que la población se encuentre en constante amenaza. Añade: “Es un entorno en donde todas las personas están en situación permanente de alerta por las condiciones exacerbadas de violencia”.
El dominio masculinizado, la presencia de grupos criminales y la precariedad económica, se convierten en un escenario que vulnera y violenta cuerpos de mujeres, tanto en espacios sociales como familiares. Según retrata el informe del EMAF, las mujeres quedan expuestas a quedar bajo el yugo de integrantes del crimen organizado, quienes las usan como acompañamiento, para brindar servicios en las casas de seguridad o para explotación sexual.
“Las mujeres si no están en las fosas, están sirviendo para la manutención de este otro mundo paralelo -crimen organizado-. Son diversas formas de esclavitud y servidumbre las que están ocurriendo ahí”, explicó Diana Bustos Ríos, arqueóloga y maestra en antropología.
Violencia de género
En once de los 14 casos estudiados por el EMAF, las mujeres tenían múltiples trabajos para sobrevivir y diez eran madres solteras que sostenían la economía de su hogar. Una de ellas, antes de desaparecer, expresó a su familia que quería irse del estado y hasta del país para buscar mejores oportunidades. Otra consideró “vincularse con la ‘maña’ o alquilar su vientre” debido a la precarización que padecía, relata el informe. Una más vendía comida de día y, en un segundo turno, vendía drogas. “Su familia no puede asegurar si por voluntad o necesidad”, explican las investigadoras en el informe.
Otro aspecto en el que coinciden, según los testimonios recogidos para el informe, es que “eran mujeres consideradas ‘bonitas’”. Los familiares atribuyen esto como un factor de mayor riesgo importante en su desaparición. Este discurso, según se lee en el informe, es reforzado por la fiscalía.
Sin importar su situación laboral o familiar, edad o salud física, todas trataban de superar sus condiciones de vida, dice el informe. En el caso de Jezabel y Viridiana, madre e hija desaparecidas con tres años de diferencia en Taxco, además buscaban verdad y justicia para sus familiares, pues dos hermanos de Jezabel habían sido desaparecidos previamente, también en Guerrero.
Seis de los 14 casos tenían vínculos familiares entre sí. Nadia y Marina eran hermanas que ayudaban en el negocio de comida de su mamá y hacían estilismo. Ambas fueron desaparecidas por tres hombres armados en una camioneta. Nadia había sufrido acoso por un hombre antes de ser desaparecida. Cuando se hallaron sus cuerpos en una fosa dentro de un paraje -que ya había sido denunciado por colectivos de búsqueda-, el de ella presentaba signos de violación sexual que no fueron referidos en investigaciones forenses.
“Una vez localizado el cuerpo, el caso de desaparición parece concluirse”, se lee en el informe. Las familiares y personas de colectivos de búsqueda reconocen que al encontrarse un cuerpo se da carpetazo y no se indaga más sobre los posibles delitos que rodean la desaparición ni se vinculan los puntos en común con otros casos.
Eunice, de 28 años, se dedicaba a vender empanadas. En 2018, tres hombres armados que se transportaban en una camioneta la desaparecieron. Previo a este suceso, ella había sufrido acoso. Un año después, dice el informe, encontraron su cadáver en una fosa dentro de un predio en el estado.
‘Relaciones inestables’ o el modus operandi del crimen organizado
Los testimonios recabados por el EMAF demuestran que antes de ser desaparecidas, algunas mujeres ya habían presentado síntomas de violencia en sus relaciones, visibles a través de su comportamiento: distanciamiento de su familia e hijos, aumento en el consumo de alcohol y tatuajes con los nombres de sus parejas.
La investigadora Diana Bustos explicó que diez mujeres de los 14 casos estudiados sufrieron alguno o varios tipos de violencia -física, psicológica o económica- por parte de sus parejas o exparejas. Además, familiares de nueve de ellas los responsabilizaron directamente de las desapariciones, asegurando que algunos tenían vínculos con el crimen organizado o habían sido exmilitares o expolicías.
Tal es el caso de Azucena, desaparecida por la familia de su expareja en 2012, diez años antes de que desaparecieran a su prima Mercedes. Azucena había sido forzada a vivir en la casa de su ex y sus suegros bajo la amenaza de que si no lo hacía, le quitarían a su hija. Ahí vivió insultos, golpes, castigos y hasta amenazas de muerte por parte de su expareja y de su suegro, quien era mando de la policía. También le restringían la comida y la mantenían incomunicada.
Cuando pudo salir de ahí, antes de que la desaparecieran, le contó a Guadalupe, su madre, que a veces escuchaba gritos y llanto provenientes del sótano de la casa. Además, de acuerdo al testimonio de Guadalupe en el informe del EMAF, se sabía que en aquella casa entraban niñas y jóvenes que algunas veces no salían. Estos datos, de acuerdo al informe, no fueron considerados para comenzar una investigación formal por el delito de trata.
Con la investigación del EMAF, contó Diana Bustos, se pudo desmontar el mito de las relaciones inestables y riesgosas de pareja. “En realidad es un modus operandi de ellos… En el caso de las mujeres se ofrece una relación. No son relaciones que terminan mal, sino que ellos buscan engancharlas pretendiendo tener un vínculo afectivo y sobre la marcha las aíslan”, explicó la especialista.
El informe destaca que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, los casos podrían vincularse al delito de trata de personas debido a la violencia -aislamiento progresivo, violencia física y amenazas, control corporal y marcaje corporal- que vivieron dentro de “relaciones de confianza”.
Se describe, además, lo que las autoridades debieron tomar en cuenta dentro de los expedientes y no hicieron.
Gracias a los testimonios recabados para la investigación, se demuestra la negligencia de autoridades tanto en el trato de los cuerpos hallados como en el proceso de notificación a sus familiares, sumado a la manera en que se les resta valor a los datos y testimonios que estos presentan.
“Toda la información es valiosa”, dijo Diana Bustos. El informe retrata que para poder vincular las desapariciones con la violencia de género y el delito de trata se necesita conocer el contexto, escuchar cómo eran sus relaciones y poner atención a los patrones que se repiten en varios casos.
Violencia social
Con Jezabel y Viridiana, las autoridades ocultaron información a sus familiares bajo el argumento de “secrecía del proceso”. En otros casos, como el de Lucero o Eunice, también se retuvo o se dió información a medias. Esto, explicaron las investigadoras de la EMAF, no sólo hace que los familiares no comprendan el proceso, sino que se está violando su derecho a la verdad. En muchos casos tampoco se aclaró cuál era el estatus de la investigación y si se les daría seguimiento.
También se resaltan hechos como que a la hora de realizar el análisis forense de los cuerpos hallados, no se tomó en cuenta la perspectiva de género, que era importante para hablar de las posibles violencias sexuales de las que sus prendas daban indicios.
Los patrones dejan huella de los delitos sistémicos. En 11 de los 14 casos hubo un mínimo de tres perpetradores, la mayoría hombres, que viajaban en algún automóvil (Tsuru, Jetta, camioneta blanca). En 10 casos se declaró la presencia de armas de fuego que se usaron para amenazar y herir a terceros. Pero, sobre todo, lo que da cuenta de que se trata de redes delictivas altamente estructuradas, según el informe del EMAF, es la coordinación y facilidad para moverse y operar sin ser descubiertos.
Cuando se registraron las zonas donde ocurrieron las desapariciones, búsquedas y localizaciones de los casos estudiados, se detectó que por ser los mismos lugares en los que opera el crimen organizado, existía un temor generalizado en la población.
Diana Bustos explicó que la violencia ahí está vinculada con la comunidad pues vecinos y aliados masculinos se ven involucrados, pues “viven en un entramado social en el que todos se conocen” y, por lo tanto, hay temor y desconfianza de unos con otros. Esto genera que, en la mayoría de los casos, las denuncias no sucedan en el momento del crimen.
Pero, desde una perspectiva más optimista, el que se conozcan posibilita el hecho de que alguien pueda tener información relevante de las desapariciones.
El informe señala que generalmente las investigaciones y búsquedas comienzan entre la familia: preguntan a conocidos, recorren las rutas habituales, visitan hospitales, Cruz Roja y Semefo. Las denuncias ocurren tiempo después (en casos como el de Isamar, cuya familia vivió desplazamiento forzado, y denunció hasta nueve años después), cuando ya cuentan con acompañamiento de colectivos de búsqueda.
Las localizaciones de cuerpos sin vida son más comunes, y esto le resta prioridad a las búsquedas en vida, dicen los familiares entrevistados en el informe. Además, dicen, hay preferencias por buscar en ciertos lugares -en algunos el propio crimen organizado le prohíbe a las autoridades intervenir- o favoritismos por casos o colectivos específicos.
En la investigación se detectó que:
- No había inmediatez para actuar una vez que se presentaba la denuncia. Se ordenaron búsquedas en vida de dos y hasta 12 años después de los hechos.
- Las autoridades revictimizaron a las familias.
- Perdieron u omitieron datos e información importante.
- Hubo poca claridad en las búsquedas e investigaciones que, además, quedaban estancadas y eran inconsistentes.
- En los casos en los que se inició una investigación con la fiscalía federal, no hubo coordinación con las autoridades estatales.
Archivos de impunidad
“El cuerpo también constituye un espacio de evidencia científica (…), Pese a ello, las autoridades omiten un registro detallado de este”, se lee en el informe Y ese lucero eres tú, del EMAF.
A pesar de las evidencias encontradas en los cuerpos de las víctimas que manifestaban violencia basada en género, así como de los rasgos narrados por familiares previos a la desaparición, que también hacían constar la presencia de violencia psicológica y simbólica, los datos recabados en el informe muestran que las autoridades decidieron no incluirlo en los expedientes.
El informe del EMAF añade que las autoridades ministeriales no ponen en práctica los protocolos de búsqueda de mujeres desaparecidas, que en las investigaciones no se integra información que podría ser útil para identificar redes delictivas y que tampoco se llevan a cabo el análisis contextual obligatorio para la búsqueda de las víctimas.
Los delitos, dice el informe, continúan impunes, pues las investigaciones se limitan a identificar el cuerpo sin darle seguimiento para esclarecer el crímen que sostiene las desapariciones.
Violencias y delitos conectados
“Durante las búsquedas en vida, Fernanda obtuvo información de que su hija Mercedes estaba siendo explotada sexualmente en otro estado del país”, se lee en el último capítulo del informe. Pero cuando las autoridades intentaron intervenir, no hallaron nada.
Las buscadoras compartieron con las investigadoras de la EMAF que en las fosas se encuentran muy pocos cuerpos de mujeres comparado con la cifra que se tiene de desaparecidas. Eso, más el contexto de explotación sexual que se vive en Guerrero, las lleva a cuestionarse la efectividad de las búsquedas. Aún más, las anima a insistir en que las búsquedas se deben hacer con un enfoque de género.
Si los cuerpos de las desaparecidas no están en las fosas, dicen activistas entrevistadas para el informe, entonces están siendo explotados, de ahí que se trate de impulsar la búsqueda en vida. No sólo las buscadoras piensan que eso sea posible, pues con frases como “tu hija está viva porque es bonita”, los funcionarios ministeriales dan a entender que también reconocen esa posibilidad.
Pero al tratar de que se lleven a cabo búsquedas en lugares donde se reconoce que es común este delito, las mismas autoridades desestiman las peticiones. Diana Bustos contó que una de las activistas entrevistadas para el informe les confió que cuando pidió que se hicieran búsquedas en Acapulco, Zihuatanejo y Puerta Vallarta, recibió esta respuesta: “Lo que quieren es irse de vacaciones”.
Otros comentarios prejuiciosos que las familias han recibido por parte de las autoridades las hacen pensar que la resistencia a abrir investigaciones por trata tiene que ver con un interés por mantener la explotación de los cuerpos y, con ello, la economía que genera.
Este tipo de situaciones y las trabas que les ponen para realizar búsquedas en vida, hacen que se centren en localizar cadáveres. “Las instituciones priorizan las búsquedas en fosas, lo que genera la idea de que se buscan cuerpos y no mujeres vivas”, dijo Diana Bustos.
El informe explica que en Guerrero no existen protocolos para la investigación de delitos de trata y por ello las respuestas son deficientes. Pero el análisis de la EMAF evidenció que los tres elementos básicos que configuran dicho delito -medio, acto y finalidad-, se encuentran presentes en estos casos: la violencia de género es el medio que utilizan los hombres para incorporar (acto) a las mujeres al crímen organizado y que finalmente participen, de distintos modos, en operaciones ilícitas.
Al existir problemáticas sistemáticas que se entrelazan -violencia de género, pobreza, crimen organizado, impunidad y omisiones legales-, las mujeres, sus familiares y los colectivos de búsqueda quedan desamparados.
“Una vez que comienza la búsqueda aparecen más y más delitos, esto no acaba. (…) Si yo hubiera sabido todo lo que sé ahora, la historia de mi hermana sería completamente distinta”, dijo Verónica, hermana de Isamar.
