Terapias de conversión en México: sólo dos denuncias en seis años
Jairo Ahuatzin egresó de la UAM como antropólogo social. Trabaja en proyectos de derechos humanos con enfoque en población LGBT+, migración y racismo en México y Latinoamérica.

Con una máquina conectada en las sienes, Jairo Ahuatzin recibió choques eléctricos en la cabeza cuando apenas estudiaba la primaria. Fue sometido, por parte de sus padres, a prácticas que buscaban cambiar su orientación sexual en una pseudo clínica médica. Hoy tiene 28 años y sigue lidiando con las consecuencias de esa experiencia. 

Estas prácticas, calificadas erróneamente como “terapias de conversión”, son conocidas como “esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género” (ECOSIG). En 2020, se tipificaron como delito en la Ciudad de México y en los años siguientes, 22 entidades se sumaron a la tipificación por considerar que atentan “contra la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad”. 

Fue hasta 2024 cuando promover o realizar estas prácticas se incorporó como delito en el Código Penal Federal. Sin embargo, hasta febrero de 2026, únicamente se habían presentado dos denuncias en todo el país.

Los ECOSIG buscan cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas, haciéndolas creer que mediante intervenciones religiosas, pseudomédicas o psicológicas —catalogadas a lo largo del tiempo como actos de tortura— pueden convencerse de que su orientación o identidad es “incorrecta” y ajustarse a un sistema heterosexual y binario.

Para Jairo, la discriminación empezó desde su infancia. Recuerda haber estado seguro de su orientación sexual desde una edad muy temprana, sentirse más pleno compartiendo juegos con las niñas de su entorno y siendo un niño más femenino; sin embargo, sus padres rechazaban estas actitudes y recuerda recibir comentarios homofóbicos por parte de los amigos de su padre.

Ingresó a una primaria católica perteneciente a la orden de los escolapios, una orden religiosa fundada hace más de 400 años en Roma, con el objetivo de  ofrecer educación a infancias precarizadas y así, evangelizarlas. 

Recuerda que lo enviaban a unos retiros “especiales”, a los que no iba el resto de los alumnos. Ahí lo obligaban a rezar durante horas frente a una cruz y le insistían en que las relaciones entre hombres estaban mal. 

La Ciudad de México fue pionera en aprobar esta reforma. Foto: Congreso CDMX.

Sin evidencia científica

Tania Rocha, coordinadora del Grupo de Investigación de Estudios de Género y Sexualidad de la Facultad de Psicología de la UNAM, señala que no hay ninguna fundamentación científica que indique que la orientación sexual se puede cambiar.

“No hay elementos para decir que es algo que tuviera que corregirse. De tal forma que cuando alguien dice: ‘No, yo te puedo cambiar tu orientación’, está partiendo de un engaño absoluto, porque no hay un saber que diga: ‘Esto es lo que se puede hacer’. De hecho, la conclusión más generalizada en cuanto a qué causa nuestra identidad sexual y sexogenérica es la interacción de múltiples factores, en la que cada persona puede verse influida de manera distinta por alguno de ellos”, señala. 

La especialista añade que el daño que sufren las personas que acuden a “terapias de conversión” no solo incide en su salud física y mental, sino también en la posibilidad de ejercer sus derechos, ya que cuando se le niega a alguien su posibilidad de existir tal como es, se le coloca en un lugar de vulnerabilidad.

“Es esa mirada que nosotras, nosotros, nosotres, como adultos, adultas, tengamos hacia hijos, hijas, jóvenes, estudiantes, personas LGBT, es la que puede alimentar, enriquecer y fortalecer el amor propio de esa persona o el autodesprecio”, dice.

Medicación

Antes de entrar a la secundaria, en los retiros a los que era llevado, a Jairo comenzaron a mostrarle imágenes de hombres. Le preguntaban si le parecían guapos y si contestaba que sí, era obligado a correr hasta agotarse y escurrir en sudor. Al terminar de correr, el proceso se repetía. 

La peor etapa de estas prácticas, recuerda, llegó cuando empezaron a medicarlo. Pastillas azules del tamaño de la primera falange del meñique pasaron a formar parte de su dieta. A partir de que empezó la medicación, comenzó a sentir una constante inflamación estomacal e irritación al momento de ir al baño.

A la par de la medicación, regresó a una clínica a la que lo habían llevado siendo pequeño. Allí le realizaron un “estudio” que, según Jairo, parecía un encefalograma del que surgió un “diagnóstico”: “Mi mamá tuvo dos hijas mayores: habían sobrado hormonas femeninas en su vientre. Esas hormonas femeninas se fueron hacia mi cuerpo y eso me hizo gay. Y la idea de todas las terapias, tanto religiosas como químicas, era eliminarlas, sacarlas con toxinas, sudando, rezando”, recuerda.

En esta clínica volvió a sentir los choques eléctricos que, cuando tenía 6 años, le habían aplicado y que, según creyó en ese momento, eran un tratamiento contra sus pesadillas. 

Delito solo en 23 estados

Después de la tipificación en el Código Penal del Distrito Federal en 2020, las iniciativas de reforma para sancionar las ECOSIG siguieron avanzando por los estados del país y hoy se encuentra tipificado como delito en 23 estados. 

Aun así, en Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nayarit, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, someter a personas a “terapias” para cambiar su identidad de género u orientación sexual todavía no es un crimen.

Diputadas y activistas por los derechos de la diversidad sexual portando carteles con consignas en contra de los ECOSIG en el pleno de la cámara de diputados en marzo de 2024
En marzo de 2024, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen sobre los ECOSIG con ajustes al criterio de la Suprema Corte.
Foto: Cortesía del equipo de Patricia Mercado

En 2021, el INEGI publicó los resultados de la Primera Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género realizada en México. Según los datos de la encuesta se estimó que 4.6 millones de personas en el país no se identifican como heterosexuales y que, de estas, alrededor de 450 mil fueron obligadas por sus familias a asistir con un psicólogo, médico, autoridad religiosa u otra persona o institución con el fin de “corregirlas”.

En el caso de las personas de identidades no cisgénero, es decir, aquellas que no se identifican con el género que les fue asignado al nacer (como identidades trans, género fluido, no binarias o agénero), el número ronda las 126 mil, según la misma encuesta.  

Del casi medio millón de personas que en México admitieron haber sido obligadas a someterse a algún método para cambiar, según información obtenida mediante las solicitudes de información realizadas ante las Fiscalías de 23 entidades para realizar esta investigación, solo se han presentado dos denuncias por este delito en todo el país. En Sonora se investiga un caso desde 2023 y en Baja California Sur se judicializó uno que se resolvió con un acuerdo extrajudicial. 

La lucha de Yaaj

En una entrevista realizada el 6 de febrero de 2026, Ivan Tagle, director de Yaaj México, una organización defensora de los derechos LGBT+ que impulsó activamente esta reforma, comentó que la estrategia para presentarla fue acudir al mismo tiempo al congreso local de la CDMX y al congreso federal. Así las fuerzas opositoras a la reforma —como el Frente Nacional por la Familia— tendrían que dividir esfuerzos para frenarla.

La iniciativa se presentó en 2018 y no fue hasta 2020 que se aprobó en Ciudad de México. “Creamos toda la estructura para que los demás estados comenzaran entonces a animar sus discusiones, a presentar sus propias leyes y avanzar en lo local”, dijo Tagle. 

Aunque no existen datos oficiales sobre el impacto de la tipificación, según su experiencia, a partir de la reforma, la organización empezó a atender menos casos. “Afortunadamente hemos visto una disminución importante en el número de personas que se acercan a la organización para solicitar apoyo o alguna denuncia sobre este tema. Por ejemplo, el año pasado tuvimos solo tres casos, cuando antes teníamos alrededor de 16 casos al año”.

“Pero la realidad que hemos visto es que en muchos casos no quieren denunciar porque, por supuesto, sus papás están involucrados y lo que quieren las personas cuando salen del closet es la aceptación familiar y una denuncia les alejará de esto”, dijo Tagle. 

Más allá de las dificultades que hay para que el Ministerio Público investigue los casos, el principal objetivo de Yaaj y aliados fue que las “terapias de conversión” al fin se reconocieran como un delito.

Desafíos de la Ley

Ninde Molre, abogada de la organización Casa Frida y directora ejecutiva de México Igualitario, organizaciones dedicadas a la atención y promoción de los derechos humanos, explica que hay varias problemáticas con las reformas hechas en los códigos penales estatales. 

Por ejemplo, este delito solo puede ser denunciado por la persona que vivió el ECOSIG, por lo que, en caso de que se encontrara privada de su libertad, sus familiares o conocidos no podrían iniciar los protocolos de búsqueda con este delito. En estos casos, sería más efectivo denunciar la privación ilegal de la libertad o la tortura, en lugar del delito de ECOSIG.

Sumado a esto, Molre dice que ha notado que las fiscalías optan por  atender estas denuncias usando delitos que tienen protocolos más definidos y que pueden sostener el caso con mayor certeza. Esto debido a la falta de claridad en la tipificación y a la falta de capacitación de personal en los ministerios públicos. 

Además, otra de las razones por las que no se utiliza este tipo penal, es que las víctimas no quieren denunciar para no afectar a sus familiares, quienes en muchos casos fueron intermediarios para que fueran sometidos a las supuestas terapias de conversión. Es decir, fueron internados por sus propios padres y no quieren perjudicarles con una denuncia.

“Probablemente la institución que hace este tipo de práctica se quede sin castigo, ¿no? Porque además, si actúas con ECOSIG […] pareciera que [la consecuencia] va directo hacia la familia y aunque sí se menciona a los profesionales de la salud, también muchas personas que hacen este tipo de prácticas, no son profesionales de la salud, en realidad. Muchos de estos lugares son granjas, son anexos, que también ayudan a personas con  alcoholismo”, apunta Molre.

La especialista considera que, a partir de la tipificación en el Código Penal Federal, se ha dejado de hablar sobre este tema en el país, pues se creó la falsa idea de que estas supuestas terapias desaparecieron de México, cuando en realidad sólo se tipificaron, lo que causó que se escondieran, pero siguen operando de manera clandestina.

Raúl Caporal

Por su parte, Raúl Caporal, presidente del consejo de Casa Frida, considera que la manera en la que están considerados los ECOSIG en los códigos penales, solamente contempla la expresión más violenta de estos y que las personas de la diversidad sexual e identitaria atraviesan distintas formas de violencia a lo largo de su vida que tienen el fin de cambiarles. Expresiones cotidianas como “no hables así”, “no te sientes así” parecen insulsas, pero buscan limitar su forma de ser.

Caporal señala que la reforma al Código Penal Federal que sanciona con prisión los ECOSIG se centra principalmente en quienes los realizan desde supuestos espacios médicos o terapéuticos. Es decir, la reforma no contempló otros espacios, como los religiosos o las ”clínicas” contra adicciones, pese a que ahí también se llevan a cabo este tipo de prácticas.

Para Caporal, Molre y el equipo de Casa Frida, recurrir a un tipo penal para intentar solucionar estas violencias, no atiende directamente a las causas e incluso consideran que pudo haber agravado el problema. 

Desde su perspectiva, habría sido más eficaz una política pública de programas de prevención de la violencia focalizada a personas LGBT desde los estados, así como mejorar la atención y coordinación interinstitucional entre fiscalías mediante manuales y protocolos exactos a seguir. 

Patricia Mercado

Respecto a esto, la diputada federal Patricia Mercado, quien impulsó la tipificación del delito de ECOSIG en 2024, señaló en entrevista que recurrir a un tipo penal tenía la intención de inhibir estas prácticas dirigidas a modificar la orientación sexual e identidad de género de las personas y, de alguna manera, educar a madres y padres de familia. Al ser cuestionada sobre el bajo número de denuncias y la posible inoperancia de la ley, la diputada reconoció que será necesario observar cómo se desarrolla la tipificación para evaluar si se requieren futuras reformas.

Jairo Ahuatzin posando con una bandera y un megafono al centro de una manifestación por los derechos de la diversidad sexual
Jairo Ahuatzin / Foto: Cortesía de Jairo Ahuatzin

Cuando el padre de Jairo se enteró que estas prácticas ya eran consideradas delito, reaccionó de una manera que desconcertó a Jairo, quien lo había visto así de sorprendido muy pocas veces en su vida.

“Yo sé que hice muchas cosas mal y que mucho tiempo me negué a tu orientación, pero no me creo tan violento y tan sanguinario como para meterte a esas cosas. Es que no sé, tal vez yo lo entendía muy diferente, pero ahora que lo veo está mal”, le dijo. 

Nota de la redacción: en una primera versión de este artículo no se incluyó, por error, la versión de Yaaj, lo cual fue subsanado.