Salario mínimo para jornaleros se queda en promesa, pese al COVID-19

A pesar de que las autoridades mexicanas anunciaron desde abril pasado el establecimiento de un salario mínimo específico para los campesinos jornaleros del país, con el objetivo de respaldar a este sector en marginación extrema para enfrentar la pandemia de COVID-19, esta medida se postergó indefinidamente y, en el mejor de los casos, será discutida hasta diciembre próximo, tal como informó la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

De acuerdo con este organismo, en México existen dos millones 400 mil jornaleros, es decir, campesinos que no son propietarios de tierras, o de serlo no cuentan con recursos para hacerlas producir, y por esa razón se desplazan por diversas entidades de la república en busca de empleo, migración que en la mayoría de los casos realizan junto con sus familias, por lo que este sector de la población, en condiciones extraoridinariamente precarias, supera los ocho millones de personas, según las mismas estimaciones oficiales.

De ellos, 33% gana un salario mínimo nacional (123 pesos al día) o menos.

La intención anunciada en abril, explicó Andrés Peñaloza, presidente de la Conasami, era establecer un monto mínimo de pago al día de 250 pesos, para los jornaleros agrícolas del país. Sin embargo, reconoció, esta propuesta se analizará hasta diciembre, en el mejor de los casos.

El artículo 280bis de la Ley Federal del Trabajo, recordó Peñaloza, ordena a las autoridades nacionales fijar este salario para el sector agrícola; pero antes, precisó, debe analizarse la naturaleza, cantidad y calidad de los trabajos, así como el desgaste físico ocasionado por las condiciones del campo.

En entrevista con Corriente Alterna, Peñaloza admitió que, a pesar de la marginación en la que vive la población jornalera, hasta el momento no se han generado la empatía y los consensos necesarios entre los sectores patronal, obrero y gubernamental, aunque confió en que pueda darse un acuerdo en el último trimestre del año y el salario mínimo para los jornaleros quede establecido a partir de 2021, es decir, nueve meses después de iniciada la contingencia sanitaria en México.

Cultivos de hambre

Las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros en México ya eran de “semiesclavitud” desde antes de la pandemia, sostiene Abel Barrera, fundador del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, que opera en Tlapa, una de las zonas más pobres de Guerrero y del país, y la que más pobladores expulsa en busca de trabajo agrícola a diversos estados del centro y norte de la república.

Por lo general, explica Barrera, las y los jornaleros son contratados para trabajar por destajo, lo que involucra un esfuerzo físico extraordinario, por una paga es insignificante. Un ejemplo de esto: por cada costal de producto cosechado, los trabajadores agrícolas suelen recibir sólo 15 pesos.

Esta precarización del trabajo agrícola, agrega, obliga a las familias de los jornaleros a sumarse a las labores en los campos, incluidos niños y niñas. Así, aunque las estadísticas oficiales sólo reconocen la existencia de 2.4 millones de trabajadores jornaleros, esta cifra es mucho mayor si se considera la participación de todos.

Las condiciones que padecen estos trabajadores son documentadas en el Primer Informe de Violación de Derechos de las y los Jornaleros en México, realizado por la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas:

“Hay muchas promesas al principio –señala el testimonio de un jornalero originario de Chiapas–; que hay buena paga, que hay vivienda con camas, luz, agua y baños limpios. Nos prometen que habrá alimentos sin costo y que el viaje lo cubren ellos. Al final vemos que nos mienten, porque nada de lo que dicen cuando nos reclutan en las comunidades es cierto”.

Crisis en medio de la crisis

En el contexto de la pandemia de COVID-19, Isabel Margarita Nemecio, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, advirtió que los patrones “no garantizan los insumos necesarios, sean cubrebocas o gel antibacterial, para las medidas sanitarias entre trabajadores y trabajadoras, así como servicios médicos en caso de contagio, y las familias no pueden costearlo por sí mismos”. Así, la única medida preventiva a su alcance es usar como cubrebocas el paliacate con el que secan su sudor y, de llegar a presentar síntomas, se automedican.

Entre mayo y junio, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas ha documentado diversos casos de muertes por COVID-19 en campos agrícolas, aunque la marginación que enfrenta este sector de la población se refleja también en la falta de registros oficiales en materia de fallecimientos por la pandemia.

Silvestre, de 66 años, quien laboraba en Sinaloa y era originario de Zoquiapa, Tixtla, Guerrero, falleció el 31 de mayo. Por tratarse de un “caso positivo” de la enfermedad, sus hijos no pudieron ver el cuerpo de su padre y les fue prohibido velarlo.

En los meses de junio y julio se registraron brotes de contagio en algunas poblaciones. En el poblado de Miguel Alemán, Sinaloa, se registraron 11 casos positivos. En el municipio de Delicias, Chihuahua, un jornalero falleció de COVID-19; en ese mismo estado, en un albergue para trabajadores y trabajadoras agrícolas ubicado en el municipio de Meoqui, se registraron 27 casos positivos.

Además de lo anterior, la población jornalera padece la muerte de sus familiares por COVID-19 en el trayecto a sus comunidades de origen. Los cuerpos de los fallecidos no pueden trasladarse ni velarse y son enterrados en otros estados de la república. “Las familias quedan endeudadas por los gastos del sepelio con 20 o 30 mil pesos, lo que ocasiona que se tengan que establecer en el campo agrícola de la región [hasta pagar la deuda]”, señala Nemecio.

Hogares temporales e infames

Desde la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, Nemecio da acompañamiento y visibiliza a los y las trabajadoras del campo.

Para la socióloga, las condiciones de vulnerabilidad de los jornaleros son menores en los campos cercanos a núcleos urbanos, ya que las agroindustrias conurbadas suelen contar con infraestructura mínima de atención, como albergues o estancias infantiles para sus hijos. Pero el resto de la población jornalera, que es mayoritaria, se emplea en campos alejados de las ciudades, sin contrato, prestaciones, refugio para sus familias ni transporte a las zonas de trabajo.

Lo único que los empleadores garantizan a estos jornaleros, explicó Nemecio, es su acceso al campo de cultivo, y los mismos trabajadores deben pagar albergues, agua, alimentación o atención médica en caso de necesitarla.

En Nayarit, Colima y Zacatecas se alquilan bodegas viejas o vagones de tren oxidados como cuartos para las familias de jornaleros, sin ningún servicio. Por ello, en muchos casos optan por agruparse y establecerse en jardines y parques municipales.

“Nos prometieron todo y nos dan atole con el dedo, dormimos en una base de cama, sobre el tubo, pues, no tenemos colchón. Dijeron que tendríamos agua para tomar, pero no tenemos aquí, la tenemos que comprar”. Esta es la voz de Francisco, jornalero de Veracruz, en su testimonio recabado por la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas.

Cuando la empresa proporciona vivienda, precisó Nemecio, se trata de habitaciones de lámina sin ventilación, donde los jornaleros y sus familias duermen hacinados, sin posibilidades de establecer ninguna medida de higiene o “sana distancia” durante la emergencia sanitaria.

Olvidados

En México, concluye Abel Barrera, del Centro Tlachinollan, la población campesina es sometida en el presente a un proceso de “jornalización”; es decir, es obligada a abandonar sus comunidades en busca de un trabajo asalariado, pero sin los derechos que goza la mayoría de los trabajadores del país. El hecho de que el salario mínimo para jornaleros no fuese tomado como un tema urgente es reflejo de la situación.

Por ello, insiste el defensor de derechos humanos, el imperativo está en “visibilizar” a las y los jornaleros para que sus condiciones de vida sean dignificadas de forma efectiva, más allá de los discursos políticos. Rufino, indígena téenek de San Luis Potosí, lo plantea de otra forma en el Informe citado: “Tengo sueños, a mis 40 años. Pero, en México, no sé cómo hacerlos. He andado de aquí y allá, y muy apenas la hago para mal comer”.