Buscarán la verdad sobre la “guerra sucia” en México

El gobierno federal va por la persecución y judicialización de los delitos de la llamada “guerra sucia” en México, periodo de represión a los movimientos sociales disidentes durante tres décadas.

“Las familias de las víctimas piden sanciones para quienes participaron”, explica Félix Santana, director general de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Este sábado 2 de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador publicará el decreto de creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Guerra Sucia (1965-1990). 

De acuerdo con el historiador Camilo Vicente Ovalle, la “guerra sucia” en México es un periodo que puede ir desde mediados de los años 60 y finalizar hasta mediados de los 90. En estos 30 años, el Estado mexicano en su conjunto se encontró en una situación en la que “se percibía un estado probable, o de hecho, de insurgencia social por parte de grupos disidentes que tenían por fin la ruptura del Estado”.

La expectativa es que las investigaciones de esta Comisión reabran los casos relacionados a las desapariciones y crímenes cometidos entre las décadas de 1960 y 1990 y pueda fincarse responsabilidad penal a los perpetradores.

De acuerdo con Santana, la meta es lograr la procuración de justicia efectiva: “Un proceso simbólico nos acercaría a una simulación. Si no se resuelve legalmente, entonces no se resuelve. Por eso es importante que la Fiscalía General de la República forme parte de este mecanismo”, aseguró en entrevista con Corriente Alterna.

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La creación de este mecanismo para esclarecer la “guerra sucia” en México está inspirada en la estructura de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. 

“Para nosotros, Ayotzinapa se convierte en un modelo institucional a seguir”, señala Santana, quien también funge como Secretario Técnico de la comisión encargada de esclarecer la represión y los crímenes contra los normalistas perpetrados en la ciudad de Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014.

“El éxito de la misión que encabeza el subsecretario Alejandro Encinas consiste en crear un modelo que nos permita resolver por completo el problema de desaparición forzada”, añadió.

La Secretaría de Gobernación (Segob) incluyó las aportaciones de, al menos, una veintena de colectivos que participaron en la creación del “Plan para el acceso a la verdad, esclarecimiento histórico e impulso a la justicia”, explica Alicia de los Ríos Merino, académica y activista chihuahuense que busca a su madre —del mismo nombre y apellidos— detenida en 1978 en el Campo Militar Número Uno y posteriormente desaparecida. 

—El decreto presidencial estaría basado en este plan. Es como el piso mínimo de lo que deberá tener —dijo Alicia en entrevista. 

La Comisión para el Esclarecimiento de la Guerra Sucia (1965-1990) estará integrada por cinco grupos especializados, adelantó Santana.

El primero se encargará del esclarecimiento histórico y de la escritura del relato oficial del periodo conocido como “guerra sucia”. 

Un segundo grupo estará enfocado al fortalecimiento de la justicia, con la tarea de diseñar estrategias que ayuden a la Fiscalía General de la República (FGR) a avanzar en la investigación mediante una unidad especializada.

El tercer grupo desarrollará un programa especial de búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo referido. 

Un cuarto equipo creará el mecanismo de “reparación integral”, colectivo e individual, para al menos 900 víctimas de desaparición forzada. La cifra, según Santana, es un aproximado a partir del censo realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y puede modificarse según los resultados de las investigaciones que se abran. 

Finalmente, el quinto grupo se concentrará en la “no repetición” a través del diseño de la iniciativa para la Ley General de Memoria, parte de los ocho compromisos pactados en junio de 2021 entre colectivos y la Secretaría de Gobernación. 

Todavía se desconoce el presupuesto asignado para el funcionamiento de la Comisión.

“Hay una enorme aportación por parte del Ejército, del antiguo Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) —ahora Centro Nacional de Inteligencia—, la Marina y la misma FGR, para abrir los archivos”, comenta Santana. 

Los trabajos de la Comisión se extenderán por el resto del sexenio: “Si arranca como lo planeamos, inicia el 2 de octubre de este año y concluirá en septiembre de 2024”.

Encontrar a los desaparecidos y pedir justicia  

Félix Hernández Gamundi, representante del Comité 68, dice en entrevista telefónica que a más de 50 años de la masacre de estudiantes que participaban en el movimiento de 1968, la exigencia actual es que “haya un proceso abierto en contra de los responsables intelectuales y materiales”. Y destaca al expresidente Luis Echeverría Álvarez. 

En 2002, el entonces presidente Vicente Fox creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), con el propósito de indagar y sancionar a quienes resultaran responsables de ordenar y participar en actos de represión durante la “guerra sucia”. Sin embargo, la fiscalía se desintegró en 2007 sin lograr su meta.

“Pues durmió el sueño de los justos, ¿no?”, comenta Alicia de los Ríos, quien en 2002, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez interpuso una denuncia en la Femospp por la desaparición de su madre. Tras su disolución, la denuncia fue retomada por la Procuraduría General de la República (ahora FGR). En 2020 volvieron a revisar la carpeta sin encontrar avances. “Del 2002 al 2020 el caso tuvo 14 ministerios públicos y ninguna línea de investigación”.

En contraste, en 2007 un juez exoneró del cargo de genocidio por la masacre de Tlatelolco al expresidente Luis Echeverría, señalado como autor intelectual de los hechos cuando era secretario de Gobernación en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. La resolución fue ratificada en 2009.

“Echeverría no está exonerado. Hay una figura legal que se llama ‘bajo reserva de ley’, y esto significa que el caso no está cerrado y puede reactivarse en cualquier momento”, destaca Hernández Gamundi. “En 2018 yo interpuse una demanda de amparo por la inacción de la entonces Procuraduría General de la República”.

Hoy, a 43 años de la desaparición de su madre, Alicia de los Ríos dice que “todo es urgente”. Sin embargo, en el marco del decreto para crear la Comisión de la Verdad coloca su esperanza en tres demandas principales: reparación integral del daño; juicio las personas responsables de las desapariciones y torturas, y conocer el paradero de las personas detenidas y desaparecidas.

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El presidente López Obrador emitirá el decreto para instaurar la Comisión para esclarecer la “guerra sucia” en México en el aniversario 53 de la masacre de Tlatelolco. El anuncio de su creación también se dio en una fecha simbólica: el 30 de agosto de 2021, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Hasta junio de 2021, la Segob reconoce oficialmente que entre 1964 y 2005 hubo 1,633 desapariciones, mientras que entre 2006 y junio de 2021 se contabilizaron 87,855. Cerca de 21 mil desapariciones ocurrieron en el actual sexenio. No obstante, los registros oficiales omiten la precisión de cuántos de ellos fueron cometidos por particulares y cuántos desapariciones forzadas, es decir, perpetradas por funcionarios, militares o policías.

*Con información de David Vásquez