Hacia una reparación integral del daño

Armando Ocampo, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi), explica en entrevista con Corriente Alterna que la reparación integral del daño no significa “enriquecer” a las personas. El objetivo es lograr que regresen a un estado similar al que vivían antes de que ocurriera el hecho victimizante.

El comisionado insiste, sin embargo, en que la reparación del daño lleva un “avance de 99%”. Enumera algunos de los apoyos entregados a las víctimas de la Línea 12: compensaciones monetarias a 130 personas por un acumulado de más de 22 millones de pesos, 264 becas escolares, 145 puestos de trabajo, 70 casas, 19 créditos de vivienda cancelados, además de 28 personas que todavía reciben atención en el Instituto Nacional de Rehabilitación. 

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la reparación integral del daño abarca medidas de restitución, rehabilitación (física y sicológica), satisfacción, garantías de no repetición, obligación de juzgar y sancionar e indemnización compensatoria.

Es decir: restituir la integridad de las víctimas va más allá de entregar dinero.

Entre las medidas de satisfacción, la Corte Interamericana destaca la realización de un acto donde se reconozca la responsabilidad pública. Por ejemplo, en 2019, el gobierno de Veracruz se disculpó públicamente con familiares de cuatro muchachos y una joven víctimas de desaparición forzada en 2016. Y, en diciembre de 2021, el gobierno federal tomó medidas similares al cumplirse 16 años de la desaparición del periodista sonorense Alfredo Jiménez Mota.

Hasta el momento, el gobierno capitalino no prevé disculparse públicamente con las víctimas del desplome. Para eso, precisa Ocampo, se requiere que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la comisión capitalina  determinen si existió una violación de derechos. 

Además, la disculpa “no ha sido solicitada”, afirma el funcionario. 

La realidad es muy distinta, pues se trata de una de las principales demandas de las víctimas y sus familias. Así lo expone Gabriel López Jiménez: “Al menos espero, de parte del gobierno, una disculpa pública a todas las víctimas”. 

Y es que para pedir perdón se necesita aceptar la responsabilidad. 

Que sea integral la reparación del daño

Además de la atención a la salud sicológica (que se realizó sin protocolo ni incentivos para continuar las terapias, lo que derivó en el abandono de tratamientos), para Jonathan Contreras, sobreviviente, la reparación integral debería implicar “que los responsables de las irregularidades que provocó el desplome de la Línea 12 asuman su culpa.” 

El pasado 3 de diciembre se realizó una audiencia donde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fgjcdmx) atribuyó la responsabilidad del incidente a 10 exfuncionarios cuyos nombres no han sido revelados; aunque, de acuerdo con el diario El País, se trataría de servidores públicos de la administración de Marcelo Ebrard (2006-2012).

En cambio, las empresas encargadas de la construcción y diseño de la Línea 12 –por un monto final de 26 mil millones de pesos–, Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), Alstom Internacional e Ingenieros Civiles Asociados (ICA), no han sido señaladas de responsabilidad alguna.

El 2 de agosto de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia matutina que la empresa Carso –propiedad de Carlos Slim Helú– iniciaría la rehabilitación, sin costo alguno, de todo el tramo elevado de la Línea 12. “Es en lo que yo estoy ayudando más, en que se rehabilite la línea lo más pronto posible”, dijo el presidente.

Los otros dos flancos para responder a la emergencia quedaron en manos del gobierno de la Ciudad de México –quien asumió la atención a las familias de las víctimas– y de la Fiscalía General de Justicia que abrió carpetas de investigación para deslindar responsabilidades.

“Carlos Slim se portó a la altura de las circunstancias y aceptó el planteamiento que se le formuló: de que se hiciera cargo de la reparación completa del tramo que su empresa construyó”, expuso el presidente López Obrador.

—¿Y se le va a sancionar, presidente? —le preguntó una reportera.

—Eso corresponde a la autoridad judicial. 

Batalla legal para que las constructoras respondan

Un grupo de 16 personas –sobrevivientes y deudos– representado por el despacho Carbino Legal ha emprendido una serie de denuncias y demandas para que no solo se imputen a exfuncionarios como responsables del incidente: van tras las empresas constructoras.

Cristopher Estupiñán Martínez, representante legal de este grupo de víctimas, explica que las indemnizaciones recibidas hasta ahora provienen del seguro del Metro de la Ciudad de México y del fondo de la Ceavi, que es dinero público. Nada por parte de las empresas constructoras.

El abogado se basa en los resultados de dos dictámenes periciales realizados por la empresa DNV, los cuales determinaron que el problema de la Línea 12 fue estructural: la estructura de metal estaba débil a causa de la falta de algunos pernos; además, el acero y el concreto del tramo elevado presentaban deficiencias de calidad y resistencia.

Eso ha motivado a las familias afectadas a demandar por tres vías para que las empresas que participaron en la construcción también contribuyan a reparar del daño.

De acuerdo con Estupiñán, se denunciará por la vía penal a las empresas constructoras de la Línea 12: “Los delitos son homicidio y lesiones. También los delitos de los responsables de obra que puedan ser procedentes”.

Por la vía administrativa demandarán al gobierno de la Ciudad de México por “la falta de mantenimiento, la indebida supervisión y el hecho de permitir que una obra que estaba mal construida siguiera en funcionamiento”.

La tercera opción es demandar por responsabilidad civil a empresas y gobierno, pues consideran que los daños tienen su origen en la negligencia durante la construcción. 

El despacho también ha promovido en cortes de Nueva York una acción civil contra las empresas Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) y Alstom Internacional, pues argumentan que las ganancias obtenidas por la construcción del Metro “no se quedaron en México, sino que fueron trasladadas a Estados Unidos”.

A lo largo del proceso, la defensa de víctimas y deudos ha señalado a la Ceavi por  presionar a las familias para que desistan de emprender acciones legales contra las empresas. El abogado Juan Antonio Medina, también de Carbino Legal, dice que “teníamos 21 familias pero con artimañas la CEAVI nos logró quitar cinco familias. Ahora somos 16″.

El comisionado Armando Ocampo niega esta versión:

—De ninguna manera la asesoría pública o privada puede condicionar, restringir y, mucho menos, estar hostigando a víctimas. Eso es totalmente falso. 

Nada asegurado

Patricia Torres solía ser guardia de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cuando se le pregunta qué significa para ella una justa reparación del daño, se lo piensa un momento. 

—Una indemnización de por vida y un depósito cada mes —responde finalmente. 

Las compensaciones monetarias más grandes –de un millón 900 mil pesos– las recibieron familiares de las 26 personas fallecidas. Las personas lesionadas recibieron mucho menos.

El gobierno de la Ciudad de México especifica que 52 personas con lesiones calificadas como “leves” recibieron 100 mil pesos; 17 con lesiones “medias”, 250 mil pesos, y 13 con lesiones “graves”, 400 mil pesos. Además, 93 familias obtuvieron un apoyo emergente por 30,112 pesos. Según la Ceavi, la entrega de apoyos alcanzó a 104 personas lesionadas, poco más de las que reporta el gobierno capitalino.

Aunque parezca suficiente dinero, no lo es. Lo dice el mismo comisionado Ocampo: la indemnización no enriquece. Entre la pérdida de la calidad de vida, las afectaciones físicas y emocionales para seguir trabajando, los gastos de transporte para acudir a la rehabilitación o las terapias, los trámites burocráticos y más, el dinero apenas ha servido para paliar la situación.

La preocupación de sobrevivientes como Benito Alvarado Nieva es prever lo que sucederá en el futuro. Él, por ejemplo, no acaba de recuperarse física y emocionalmente. Y, aunque tiene la esperanza de volver a caminar, la afectación en su movilidad le impide trabajar. Lo mismo ocurre con otras de las víctimas.

–Nadie te asegura cómo vas a quedar –dice él.