Sin un plan de atención emocional

Pesadillas. Alteraciones del sueño y la alimentación. Cubrirse los ojos cada vez que se mira un vagón del Metro. No volverse a subir a un tren; nunca más, a ninguna Línea. 

Estas son algunas de las consecuencias que enfrentaron –y enfrentan– muchas de las más de cien personas lesionadas en el desplome de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, sin mencionar a familiares de las 26 fallecidas.

“Lo recuerdan como una pesadilla con sangre, humo, gritos, llanto”, relatan profesionales de apoyo sicológico  del programa de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), quienes tuvieron un primer acercamiento con quienes resultaron afectados y acceden a compartir su experiencia bajo petición de anonimato para evitar posibles represalias laborales.

El joven Alejandro Porcayo, por ejemplo, sobrevivió al desplome. Y aunque intenta continuar con su vida, no logra volver a usar el Metro; cada que lo intenta, los recuerdos y el miedo lo obligan a bajarse del tren.

“Quien vive una experiencia traumática en un transporte público gestionado por un sistema responsable de salvaguardar su seguridad y su vida, ya no querrá subirse a él; incluso, a ningún otro transporte de este tipo”, explica Nadia Delgado Flores, sicoterapeuta por la UNAM y especialista en atención a víctimas.

Para recuperar su tranquilidad, las víctimas y afectados deben renunciar, entonces, a uno de las principales y más accesibles medios de transporte: 12 líneas del Metro, 195 estaciones, 197.4 kilómetros de vías que atraviesan casi toda la ciudad.

Luego están los daños en la calidad de vida. Benito Alvarado, por ejemplo, sigue deprimido: las heridas que le quedaron de aquel el 3 de mayo de 2021 no le permiten caminar. Jonathan Contreras lucha contra la ansiedad que lo ataca, siempre puntual, a las 10 de la noche: cerca de la hora del desplome. La inestabilidad emocional tras el incidente provoca que Gabriel López no logre ya tomar sus clases en línea.

La especialista Nadia Delgado explica que el incidente pudo desencadenar, en algunas personas, un síndrome de estrés postraumático: una respuesta prolongada de la mente, las emociones y el cuerpo ante un evento doloroso.

Para abordar estas secuelas es necesario que las víctimas reciban atención sicológica y emocional de profesionales. Sin embargo, el tratamiento otorgado por las instituciones capitalinas se ha centrado, sobre todo, en las lesiones físicas.  Lo sucedido en la Línea 12 exhibe, en consecuencia, la falta de atención generalizada a la salud mental por parte del Estado.

Contención emocional

“¿Pero vas a volver a venir?” La pregunta descolocó a una persona que acudía a los domicilios como parte de las brigadas que formó el gobierno de la Ciudad de México para brindar atención a las y los afectados. “Haré un esfuerzo enorme para tratar de seguir viniendo”, le contestó.

Cuatro días después del desplome, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) convocó a talleristas-sicólogos del área de “habilidades emocionales” de los llamados Pilares y les asignó una misión: llevar “primeros auxilios emocionales” a las víctimas.

Rita Isabel Viana Álvarez, jefa de la Unidad Departamental de Talleres de Habilidades Emocionales, comenta en entrevista que el llamado fue “una invitación” a la cual respondieron los sicólogos de Pilares —“muy amablemente, muy comunitariamente, con este sentido humano”— integrando brigadas de apoyo para quienes requerían contención emocional.

No obstante, los sicólogos de Pilares trabajan con dinámicas educativas; su especialidad no es brindar tratamiento terapéutico. Lo confirma Viana Álvarez: “No todo el personal contaba con experiencia en sicología clínica”.

Además, desde que las visitas comenzaron el 10 de mayo, las brigadas se enfrentaron a una falta de indicaciones claras. “Me sorprendió mucho que el gobierno no contará con un protocolo de atención”, señala una persona de Pilares: “esto es imprescindible en sicología”. Sin un protocolo oficial, la cantidad y frecuencia de las sesiones dependieron del criterio y la buena voluntad de cada profesional.

Por si fuera poco, pronto recibieron la orden de canalizar a las personas afectadas a instituciones públicas de salud, si es que deseaban continuar una terapia.

“Un mes de sesiones no es suficiente. Hace falta tiempo para acercarnos progresivamente al evento y poder volver a hablar de él”, explica la sicoterapeuta Delgado Flores sobre la brevedad de las terapias frente al desplome del Metro.

El cambio afectó a personas como Guadalupe Rodríguez, quien tiene una niña de cuatro años. El padre, Jesús Baños, es una de las víctimas mortales del desplome. A Guadalupe la enviaron con una tanatóloga del sector público para atender a la menor, a quien le diagnosticaron depresión. Pero Guadalupe solo llevó a su hija a dos sesiones. “No hubo confianza”, dice. 

Isabel Viana explica que el personal de Pilares debía, solamente, brindar primeros auxilios emocionales, a manera de contención. Por eso el apoyo domiciliario no se extendió más. Los sicólogos brigadistas, en cambio, señalan que el cese de las visitas se debió a la falta de apoyos para transporte. “Ellos acudieron por sus propios medios”, corrobora la funcionaria.

Hasta noviembre de 2021 Pilares, el programa creado en 2019 por la administración de Claudia Sheinbaum, la Jefa de Gobierno capitalina, había ejercido 368 millones de pesos; el 94.7% se había destinado a “transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, de acuerdo con una solicitud de información dirigida. Su presupuesto no incluye el pago a los talleristas, pues estos dependen directamente de la Sectei.

Un despliegue de ayuda y poco seguimiento

El cuidado de la salud mental forma parte de los ejes para una “reparación integral del daño”. Esto lo respalda la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas de la Ciudad de México; y fue uno de los puntos incluidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi) en la declaratoria que emitió el 10 de mayo para garantizar el “derecho de reparación” de las víctimas por el desplome de la Línea 12.

Aunque diversas dependencias participaron junto con la Ceavi para otorgar las medidas de reparación, la ayuda emocional se dio de manera poco coordinada y provisional.

En respuesta a una solicitud de información, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México explicó que, para atender en los hospitales a las personas lesionadas, desplegó cinco grupos de sicólogos y trabajadores sociales, y dos grupos más para apoyar a familiares de quienes fallecieron. Esa fue la primera atención. Pero, una vez que se les dio de alta, la Fiscalía no dio seguimiento a las víctimas en materia de salud mental.

Por su parte, Servicios de Salud Pública envió a nueve sicólogos clínicos de la Jurisdicción Sanitaria Tláhuac para integrarse a las brigadas domiciliarias. Al momento de la emergencia, atendieron a 38 lesionados y a nueve familiares, aunque para noviembre de 2021, apenas 14 personas recibían apoyo emocional.

Por su parte, el personal de Pilares que contuvo emocionalmente a las víctimas agrega que, sin seguimiento institucional, es más complicado que las víctimas busquen por sí mismas la atención que necesitan. En contextos de marginación, las situaciones inmediatas –como la rehabilitación física o los problemas económicos y laborales– se vuelven prioritarias y dejan en un segundo plano la atención a la salud mental.

La falta de atención y seguimiento a la salud mental, sobre todo después de un hecho traumático, tiene efectos inmediatos, como revivir la sensación de peligro o manifestar episodios de ansiedad; pero, también, derivar en secuelas a largo plazo que pueden afectar relaciones afectivas, la funcionalidad laboral e, incluso, la capacidad de que la persona comprenda sus propias emociones.

Que las víctimas pidan ayuda

Armando Ocampo es el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En entrevista con Corriente Alterna expone que el cuidado de la salud mental forma parte de la reparación integral del daño que merecen las víctimas por el desplome de la Línea 12. Esta atención, sin embargo, tiene una condición: que quienes resultaron afectados lo soliciten, “que la víctima lo desee”.

Esto se complica debido a que “la salud mental en nuestro país sigue siendo un tabú”, expone Verónica Ruiz González, jefa del Centro de Servicios Sicológicos Dr. Guillermo Dávila, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En México, subraya, pueden pasar hasta 20 años para que una persona pida atención emocional; para entonces, ya la ansiedad, la depresión o el estrés postraumático podrán haberse convertido en trastornos mucho más difíciles de revertir.

En términos de atención sicológica y emocional, la infraestructura pública registra carencias importantes. La base de datos Recursos en Salud Sectorial 2020 de la Secretaría de Salud del gobierno federal indica que, el año pasado, existían únicamente 3,379 consultorios de sicología en algunas de las 21,857 unidades de salud pública en México. Y, apenas, 7,938 sicólogos en el sector público para los 126 millones 14,024 personas que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), habitaban en el país en 2020.

Es decir, 6.2 sicólogos por cada 100 mil personas. Menos de la mitad del promedio global (13) que indica el Atlas de Salud Mental 2020 de la Organización Mundial de la Salud.

Es cierto que no todas las personas que atraviesan una situación crítica requieren de sicoterapia. Pero contar ayuda profesional, dice la sicóloga Verónica Ruiz, “sí ayuda a gestionar mejor sus recursos emocionales para recuperarse”. Es un derecho.

Esto lo confirman las personas sobrevivientes entrevistadas por Corriente Alterna. La mayoría ha continuado con terapias sicológicas; pero no del servicio público sino pagadas por el despacho de abogados que los representa. A mediano plazo, aseguran, esto les ha permitido continuar con sus vidas.