México es un país profundamente injusto y groseramente desigual. A pesar del abuso de poder, la arbitrariedad y el despotismo, la dignidad permanece y reclama frenar lo intolerable.
El brote de Covid-19 en la Fundación Concepción Béistegui se ocultó por un mes, y cuando fue reconocido, decenas de residentes y empleados habían enfermado.
Antes de la pandemia había unas 2 mil 200 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI’s). Las proyecciones más pesimistas preveían que México iba a necesitar hasta 15 mil UCI’s para atender a pacientes graves del nuevo coronavirus. A toda velocidad se han “reconvertido” desde clínicas hasta autódromos en “centros covid” para sumar poco más de 8 mil 400 UCI’s.
Ser enfermera en la pandemia no implica ser inmune al miedo. En muchas ocasiones con sueldos indignos, sin protección adecuada, su trabajo implica un alto riesgo de contagio.
Con los sistemas de salud estatales precarizados por décadas, la mayoría de la gente opta por pagar una consulta de entre 35 a 50 pesos en la farmacia privada de su barrio. Esto es en ocasiones el único acceso a la salud. Muchos médicos de farmacia se han ganado a pulso una reputación positiva; otros, en cambio son de credenciales dudosas o han tenido un rol oscuro en venta inapropiada de medicamento. Para bien o para mal, han jugado un papel relevante (y silenciado) en la emergencia sanitaria, aunque no fueron contemplados en la estrategia nacional de atención.
Para las autoridades, el programa basado en transmisiones televisivas garantiza la “equidad” en servicios educativos, pero, ¿qué pasa con los niños y niñas que no tienen televisión, internet o luz eléctrica?
Antes de que la Covid-19 reclamara la atención nacional, un grupo de familias de niños enfermos de cáncer denunció el desorden en torno al abasto de medicamentos.
Miranda “N” es médica residente en el Hospital General de Atizapán, en el Estado de México, teme por sus padres que pertenecen a la población vulnerable.
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